El juez pide a la Diputación informes de los contratos fraccionados del MuVIM

Xavier Rius, responsable de Cultura de la Diputación de Valencia y portavoz de Compromís. /Irene Marsilla
Xavier Rius, responsable de Cultura de la Diputación de Valencia y portavoz de Compromís. / Irene Marsilla

La instrucción judicial interroga al interventor sobre la legalidad de la adjudicación de los servicios desde el Área de Cultura que dirige Rius

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BURGUERAValencia

El juzgado de instrucción número 7 de Valencia ha incoado diligencias previas para investigar los contratos adjudicados por el MUVIM a Somnis. La empresa recibió alternativamente junto a sus administradores los encargos (sin concurso previo) para realizar el servicio de guías en la exposición permanente del museo de la Diputación, en manos del Área de Cultura que dirige Xavier Rius, portavoz de Compromís en la corporación provincial.

El juez instructor solicitó hace ya varias semanas documentación a la institución, según fuentes judiciales. El juzgado reclama a la Intervención de la Diputación de Valencia un informe que indique si las contrataciones se ajustaron a la legalidad y si la serie de adjudicaciones pueden considerarse fraccionamiento de contratos. Se trata de una solicitud similar a la incluida en una resolución de la Agencia Antifraude por esos encargos, que la oficina que dirige Joan Llinares centró en las adjudicaciones realizadas entre 2015 y 2018.

Rius, el pasado 6 de junio, una vez LAS PROVINCIAS desveló la resolución de Antifraude, señaló que la agencia «hará su trabajo» y que está «orgulloso de todos los trabajadores del departamento de Cultura».

Un juzgado de Valencia incoa diligencias previas por las contrataciones a dedo con una empresa

«Tenemos por suerte una Agencia Antifraude que puede detectar comportamientos anómalos para que no pase lo que ha estado pasando en muchos años, que nos han estado robando y por eso estamos como estamos», añadió el diputado de Cultura, que en su momento rebajó la importancia de las contrataciones investigadas. Menos displicente fue el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.

A finales de enero, el dirigente socialista, tras informar este periódico sobre los contratos, anunció que pediría explicaciones al diputado. «Me voy a informar bien sobre esas contrataciones. He pedido (a Xavier Rius) que solicite un informe a Intervención», explicó Rodríguez.

Sin embargo, al día siguiente, el portavoz de Compromís aseguró que «en la última semana he estado cuatro o cinco veces con el presidente, y en ningún momento se ha mencionado eso. Es extraño que lo pida. Que Intervención vuelva a informar de algo sobre lo que ya informó durante el trámite (de contratación)... sería una reiteración, que se puede hacer para complicar el trabajo de los funcionarios, para volverles a hacer lo que ya hicieron anteriormente, pero cuando Intervención valida el proceso... sería extraño». Sin embargo, el interventor sí recibió el encargo. A mediados de febrero, Intervención presentó un informe que concluía: «Dadas las características del contrato, no cabe la figura del contrato menor, por lo tanto su utilización supone un supuesto de fraccionamiento según lo previsto en el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público». Ahora, el juzgado de Instrucción se dirige de nuevo al interventor.

La rúbrica de Xavier Rius, como máximo responsable del área de cultura en la Diputación de Valencia, aparece en la contratación de Somnis para el servicio de guía de la exposición del MuVIM. La empresa y su administrador, Francisco Ramón, fueron contratada alternativamente para el mismo servicio. Somnis había recibido ese mismo encargo en los años anteriores, cuando gobernaba el PP, si bien entonces no se constata que los encargos fuesen produciéndose de manera alternativa por la empresa y su administrador. La exposición del MuVIM, inaugurada precisamente en tiempos de gobernanza de los populares, fue clausurada también por la Diputación durante la presidencia de Rus en 2014. Rius la reabrió a finales de 2015. En el listado de facturas vinculadas con ese servicio durante la actual legislatura también aparece la otra administradora de la empresa. Se da la circunstancia de que los dos administradores son el hermano y la cuñada del ex asesor de Rius en la Diputación y actual teniente alcalde de Paterna, Juanma Ramón.

La investigación judicial se origina por una denuncia de la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles. La diputada popular presentó una querella a finales de febrero. Contelles acusa a Rius de presunta prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias. Por esos mismos delitos presentó una nueva querella hace una semana, esta vez por encargar unos catálogos antes de adjudicarlos. Las dos denuncias, por dirigirse ambas a Rius y acusarle de los mismos delitos, han acabado agrupadas en el juzgado que ahora reclama informes a la Diputación.

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