La juez pide al Ayuntamiento el convenio de 100.000 euros para un miembro de Podemos

La concejal que autorizó el convenio. / irene marsilla
La concejal que autorizó el convenio. / irene marsilla

El juzgado ha abierto unas diligencias para averiguar si la concejal de Educación prevaricó al realizar el encargo a su compañero de partido

A. RALLO

valencia. La investigación judicial sobre el convenio del Ayuntamiento de Valencia para hacer un estudio del sistema educativo en la ciudad ya ha comenzado. La instructora, por el momento, ha solicitado la entrega del expediente administrativo por el que se dieron 100.000 euros a la Universitat de Valencia para la realización del citado informe. Se da la circunstancia de que la concejal que impulsó la iniciativa es María Oliver, edil perteneciente a Podemos y desde el pasado verano portavoz del grupo municipal Valencia en Comú. Otro hecho llamativo es que el director del trabajo iba a ser el profesor de Ciencias Sociales José Manuel Rodríguez, destacado miembro de la formación podemita. Estos dos hechos y otras serie de indicios de irregularidades llevaron al asesor del PP Luis Salom a denunciar los hechos en el juzgado de guardia. Las diligencias se encuentran abiertas por un delito de prevaricación por la supuesta incorrecta adjudicación del trabajo.

En este sentido, por ejemplo, la denuncia que presentó el asesor popular subraya que el Interventor reprochó la falta de justificación de por qué no se sacaba a concurso este servicio y se recuerda, además, que el mismo órgano obligó a rebajar la cuantía inicial del proyecto.

La juez dio un plazo de 15 días al Consistorio para que enviara la documentación. Se desconoce si el Ayuntamiento ya ha cumplido con el requerimiento. La juez, tras recibir el expediente y analizar la documentación, podría concluir que no existe delito de prevaricación y archivar el asunto. O bien continuar las pesquisas con nuevas diligencias. Otro de los hechos sorprendentes que relata la denuncia del PP consiste en el porcentaje de la subvención que iba directamente al director del proyecto, 7.500 euros al año, una cantidad muy elevada del total de dinero municipal destinado a este cometido.

La concejal defendió en su día su actuación en la firma de este convenio y sostuvo que no existía ninguna incompatibilidad al dar el encargo a un miembro de Podemos. Llegó a justificar que muchos de los que trabajan en la institución académica «militan en partidos». Además, defendió la profesionalidad de Rodríguez avalada por más de 30 años de trabajo. Quiso dejar en un segundo plano su militancia en la formación morada, una circunstancia, para ella, anecdótica.

El escrito que ha permitido abrir estas pesquisas judiciales destaca también las escasas competencias que tiene el Consistorio en la parcela de Educación, un asunto que maneja directamente la Conselleria. En cambio, el estudio no se centra en el sistema de 0-3 años, donde el Consistorio sí tiene ciertas atribuciones.

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