Un juez investiga si el número dos de Marzà cobró de Les Corts sin ir a trabajar

El que fuera asesor de la Mesa de Les Corts, Miquel Soler./Jesús Signes
El que fuera asesor de la Mesa de Les Corts, Miquel Soler. / Jesús Signes

La denuncia relata que el exasesor de la Mesa colaboraba con el grupo socialista, algo que Soler admitió y está prohibido por la ley

A. G. R. / B. F. VALENCIA.

Un juzgado de Valencia mantiene abierta una investigación para certificar que Miquel Soler, exasesor de la Mesa de Les Corts, trabajaba en realidad para el grupo socialista. Una circunstancia prohibida por el Reglamento y que él mismo admitió que realizaba en un mensaje en redes social para defenderse de las acusaciones de que cobraba del Parlamento sin ir a trabajar. La denuncia la ha presentado Luis Salom, asesor del PP en el Grupo Municipal y que se encuentra investigado por el blanqueo de 50.000 euros para la campaña electoral de 2015.

En la causa abierta se desconoce qué condición tiene el actual número dos de la Conselleria de Educación. Esta misma semana se le ha visto por Les Corts solicitando diferente documentación con la que quizá pretende articular su estrategia de defensa. Del mismo modo, por el momento, se ignora si las pesquisas han salpicado a Ángel Luna, exvicepresidente de Les Corts en la anterior legislatura.

El instructor ya ha solicitado información al respecto de la cuestionada actividad. Así, el juzgado se dirigió al letrado mayor de Les Corts, por ser el responsable del personal de la Cámara, para preguntarle si Soler trabajaba allí. El letrado contestó el pasado lunes que ahora no existe una relación laboral entre el entonces asesor parlamentario y actual número dos de Educación.

Su cargo en Les Corts le permitía conservar la antigüedad y regresar a su puesto de funcionario

Desde la Cámara se indica que el responsable de las ausencias o presencia de Soler es quien propició su contratación, el entonces vicepresidente de Les Corts, Ángel Luna, que era para quien trabajó, o no, el actual alto cargo del Consell. Desde el parlamento valenciano se recalca que no era personal bajo la responsabilidad de Les Corts, por lo que no es competencia de la Cámara saber sobre su labor ni dispone de datos sobre su trabajo como asesor.

El flagrante caso fue adelantado por LAS PROVINCIAS en 2012. Tras casi seis meses sin pisar Les Corts pese a recibir más de 15.000 euros de la Cámara, Miguel Soler fue al Parlamento regional el 1 de julio de ese ejercicio. Soler cumplió un año como personal eventual de Les Corts a razón de unos 35.000 euros brutos más o menos. De los 365 días, en pocos se le vio por el Parlamento valenciano. El periódico informó extensamente en su día de la situación de Soler y apuntó el motivo por el que el PSPV decidió mantener esa controvertida contratación. Soler, con su puesto de cargo público, quería que en el caso de que las cosas le fueran mal, tener garantías de retorno a su anterior puesto de trabajo. Por eso pidió una excedencia forzosa con la que blindar su anterior puesto en la administración valenciana. De esta manera conservaba la antigüedad y podría reincorporarse inmediatamente tan sólo un mes después de dejar su nuevo cometido.

Para poder optar a estos privilegios era necesario estar en un cargo público como personal eventual de Les Corts. Un puesto que firmó directamente el 27 de junio de 2012 el presidente de la Cámara, Juan Cotino, y que salió publicado en documento oficial. La duración de la excedencia forzosa se mantenía mientras durara el cargo público.

Soler, para evitar la polémica sobre su perenne ausencia pagada con nómina de Les Corts, podría haber sido contratado por el grupo parlamentario del PSPV. Pero esta opción tenía un grave problema: en el caso de querer volver a su puesto de trabajo anterior no tenía garantizada la plaza. Tan sólo tendría derecho a volver con situación preferencial en el caso de que hubiera una vacante de similar categoría. Además, Soler, durante su periplo en Les Corts, no hubiera sumado antigüedad. La denuncia presentada recogía la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al utilizar recursos económicos para costear el trabajo que una persona realiza para un partido político.

Los zombies de Imelsa

La situación de Soler se asemeja a la que años más tarde, gracias al caso Imelsa, se ha bautizado como trabajadores zombies. Personas que recibían un sueldo de la empresa pública pero que, en realidad, no desempeñaban ninguna labor en la sociedad o en otros casos trabajaban en otras empresas.

Se dio el caso, por ejemplo, de un futbolista del Olimpic de Xàtiva. Este asunto se investiga en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. La pieza de los zombies, una práctica que según las investigaciones se reprodujo en la empresa Ciegsa, está próxima a su final.

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