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Alfonso Rus sale del juzgado de Valencia. irene marsilla
El juez de Imelsa rechaza liberar un docena de propiedades de Rus

El juez de Imelsa rechaza liberar un docena de propiedades de Rus

El magistrado deja una puerta abierta a la defensa del expresidente si se presenta el valor de cada finca para asegurar sus responsabilidades

A. RALLO

Valencia

Viernes, 22 de junio 2018, 01:09

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El juez que instruye el caso Imelsa ha rechazado una vez más la petición de Alfonso Rus para que se desbloqueen los bienes que el juzgado tiene embargados desde hace más de dos años. Nada más estallar la operación policial se intervinieron sus cuentas y el juzgado trabó una serie de bienes, en total 24 propiedades, para evitar que el principal investigado en la trama pudiera esconder parte de su patrimonio. El objetivo de estos embargos es asegurar el pago de las responsabilidades civiles en el caso de que el expresidente de la Diputación de Valencia sea condenado en alguno de los juicios que previsiblemente se celebrarán.

La situación económica de Rus, según el escrito que presentó hace meses su letrado, es delicada. El político popular disponía de un enorme patrimonio a nombre de tres sociedades. Se trata de Albeba SL, Promociones MR y Fabricación y Distribución del Mueble. No obstante, su problema era la falta de efectivo. El juez rechazó aquella petición, pero sus letrados volvieron a presentar un escrito el pasado mes de marzo -se ha resuelto ahora- en el que insistía en liberar algunos bienes. Ahora acotaba más la petición y la limitaba a una docena de propiedades a nombre de una mercantil adquiridas a principios de la década de los noventa y, por tanto, antes del inicio de su carrera política. Estas posesiones quedarían libres de sospecha.

Pese a todo, la decisión del juez ha sido negativa, aunque el auto abre la puerta a que se le puedan devolver parte de sus bienes. El paso sería que Rus aportara en el juzgado el valor individualizado de cada una de las propiedades. De tal forma que si se pudiera cubrir la cantidad inicial, el resto quedaría libre para que el expresidente pudiera disponer de ese patrimonio. Aparte de lo anterior, el juez también acuerda que se oficie al Órgano de Prevención del Blanqueo para que comunique qué bienes ha encontrado a nombre del expresidente de la Diputación. La fiscalía encargó en su día una averiguación en este sentido. La defensa de Rus, tal y como recogió en un primer escrito, considera que no tiene sentido mantener todas sus propiedades trabadas tras dos años de pesquisas y con bienes suficientes para cubrir la responsabilidad. En este sentido, recordó al juez instructor uno de los mensajes que recogió en uno de sus autos: «El decomiso debe responder a un principio de proporcionalidad».

El instructor pide al Órgano de Prevención del Blanqueo que le informe de las propiedades del político

Un ritmo lento

Las causas derivadas de Imelsa avanzan a un ritmo más lento del esperado en un principio. Desde las detenciones en febrero de 2016, todavía quedan numerosas diligencias por practicar. Rus está inmerso en la mayoría de las piezas que se han desgranado de la causa principal. Así, figura como supuesta cabeza ejecutora de los zombies -personas que cobraban un sueldo público pero sin realizar ningún trabajo- en las empresas de Imelsa y Ciegsa. El fiscal pidió hace meses la acumulación de las dos causas a la espera de que se dictara un auto de procesamiento conjunto para ambos asuntos. Pero todavía no tiene respuesta desde el juzgado.

También Rus está al frente de la sospechas en el supuesto amaño del call center de la Diputación para adjudicar el servicio de Imelsa a la empresa Servimun. En su día, ya presentó la solicitud de archivo que, sin embargo, fue denegada. Sostenía que los informes periciales no habían detectado ninguna irregularidad en la valoración. La citada mercantil fue la empresa mejor puntuada en el concurso con una significativa diferencia sobre la segunda opción. Ninguna de las candidatas impugnaron el resultado, recordaba entonces la defensa del expolítico popular.

No son los únicos asuntos judiciales que amenazan el futuro del expresidente de la Diputación. Existe otra pieza en la que se le investiga por blanqueo de capitales. En estas pesquisas se solicitó en su día una comisión rogatoria a Brasil. Se trata de un procedimiento habitual en investigaciones de blanqueo en las que se trata de ocultar capitales en sociedades en el extranjero. Todavía se ignora el resultado de esa consulta.

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