La juez envía a Anticorrupción el falso premio de lotería de un millón del dueño de Avialsa

La empresa del sector de la aviación. / irene marsilla
La empresa del sector de la aviación. / irene marsilla

El juzgado archiva el caso al no poder acreditar el origen delictivo del dinero, pero traslada la documentación a la investigación de Sagunto

A. RALLO

valencia. Un juzgado de Valencia investigaba una posible trama de blanqueo de capitales a través de falsos premios de lotería. Uno de los supuestos agraciados resultó ser Vicente Huerta, el empresario dueño de Avialsa que se encuentra investigado en numerosos asuntos a raíz de la causa abierta por el amaño de contratos de extinción de incendios en la Comunitat. Este caso, de entrada, no estaba relacionado con los asuntos que instruye Anticorrupción en Sagunto y alguna de cuyas piezas ha derivado en la Audiencia Nacional.

La causa partió de un asunto de drogas en Algeciras. Allí se descubrió que dos integrantes de una supuesta red de tráfico de drogas habían realizado importantes ingresos en cuentas bancarias. Los dos sospechosos justificaron esas significativas cantidades con un certificado de que habían ganado un premio de lotería. Pero desde el organismo que regula los sorteos rechazaron la autenticidad de esa documentación. Las pesquisas llegaron a un piso de Valencia donde supuestamente se elaboraban esos justificantes de apariencia real.

El problema del delito de blanqueo radica en probar el origen delictivo del dinero. En caso contrario resulta complicadísimo mantener la acusación. Algo similar a lo que ocurre en el blanqueo del Grupo Municipal del PP de Valencia. De ahí los esfuerzos por demostrar que ese dinero procedía de una actividad delictiva.

Ahora, tras el archivo de esta causa, toda la documentación relativa a Vicente Huerta se remitirá a los juzgados de Sagunto, donde Anticorrupción mantiene varias piezas abiertas contra el empresario de la aviación. Quizá todo el material aportado apuntale los indicios que existen contra el empresario. Una de las hipótesis era que el supuesto manejo de ese dinero de origen desconocido se hubiera podido emplear en las prácticas que se investigan actualmente en el órgano del Camp de Morvedre.

El caso Avialsa terminó con la carrera política del delegado del Gobierno, Serafín Castellano. Fue detenido por aceptar regalos como contraprestación por beneficiar a la empresa de extinción de incendios desde la Conselleria de Gobernación. Las pesquisas apuntaron al pago de cacerías y otros regalos de joyería. También se investiga el control del mercado porque los diferentes concursos de las administraciones se repartían previamente entre las empresas del sector. Las pesquisas también abarcan las irregularidades en proyectos urbanísticos y en la construcción del aeródromo de Viver.

Fotos

Vídeos