La juez encarga un informe a la Udef sobre la custodia de los correos del caso Valmor

Sin embargo, el traslado a la representación de Camps de más de cien mil correos electrónicos -un disco duro de dos Terabytes- generó otros problemas. El abogado sostiene que podía haber una gran cantidad de material confidencial y ajeno por completo a la causa ya que esos correos procedían de los ordenadores personales de trabajadores. Solicitaba que se analizara la cadena de custodia de esa documentación y se incorporara a la causa debidamente foliada. No todas las peticiones, sin embargo, han sido atendidas.

Según consta en un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la juez recuerda a la defensa del expresidente que «no es necesario que todas las pruebas posibles sean ya anticipadas», sino que es en el juicio «cuando se despliega en toda su capacidad el derecho de defensa y donde el principio de contradicción rige en toda su amplitud». Sobre la exclusión de determinada información no relevante, la magistrada expone que «no es precisa en este momento» y se limita a solicitar a la UDEF que expresamente indique hasta la fecha los correos examinados y el modo de acceder informáticamente a los mismos. Hay que tener en cuenta que el volumen de documentación es de tal envergadura que se convierte en una tarea imposible analizar y clasificar todos los emails de tal forma que se pueda construir un relato de los hechos verosímil. En cuanto a la última de las peticiones dirigida al fiscal, la jueza concluye que «se estará a lo que se determine en la respuesta de la policía, sin que durante el interrogatorio se pueda preguntar sobre correos que no hayan sido aportados con anterioridad a la causa y que no sean conocidos por las partes».

La juez, por otra parte, ha rechazado el sobreseimiento parcial de la causa respecto a la exconsellera Dolores Johnson, tal y como esta había solicitado hace unas semanas. Johnson está investigada, junto con el expresidente Camps, el empresario y expiloto Jorge Martínez 'Aspar' y dos ex altos cargos del Consell, por supuestas irregularidades en la organización de los grandes premios de Fórmula Uno que se celebraron en València entre 2008 y 2012.

En sus razonamientos, el auto recoge la complejidad de la causa, la prórroga de la instrucción o a la gran cantidad de información incautada. Menciona también que todavía hay diligencias de pruebas acordadas y solicitadas y que, tal y como argumentó el letrado de la Generalitat, «no concurre ninguno de los requisitos» para el sobreseimiento y «persisten los indicios subjetivos y objetivos de actividad delictiva».

Estos indicios se centran, añade el auto, en el contrato suscrito entre la Generalitat y las empresas del magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, el 19 de julio de 2011, dos días antes de la dimisión de Camps previa a su procesamiento en la conocida como causa de los trajes del caso Gürtel. En este contrato, según expone la jueza, «Johnson puso su firma de manera apresurada y sin leer el documento, que estaba redactado en una lengua que no conocía».

La fiscalía considera que el 19 de julio de 2011, un día antes de que Camps dimitiese tras su procesamiento en la «causa de los trajes», Johnson firmó ese aval en nombre del Consell «engañando» al consejo de administración de la empresa pública Circuito del Motor al ocultar que la operación suponía la condonación de 14 millones y la asunción de otros 31 de pasivos frente a terceros.