Un juez declara «contrario a derecho» que Barxeta colgara la bandera republicana

Sentencia a favor de la Delegación del Gobierno, que denunció a nueve municipios por el modo de conmemorar la II República

S. P.

Un juzgado de Valencia declara «contraria a derecho» la decisión del Ayuntamiento de la localidad valenciana de Barxeta de colgar el pasado 14 de abril una bandera republicana en la sede consistorial. El tribunal condena al consistorio gobernado por Esquerra Unida a pagar las costas procesales con un límite de 500 euros.

La sentencia es la primera que se dicta tras los recursos presentados por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana contra nueve Ayuntamientos que exhibieron banderas republicanas (Sagunto, Silla, Paiporta, Xeraco, Barxeta, Bunyol, Benifaió, Tavernes de la Valldigna y Algemesí) con motivo del aniversario de la proclamación de la II República, en 1931. Los municipios denunciados cuentan con alcaldes de Esquerra Unida (Barxeta y Buñol), Compromís (Sagunto, Paiporta, Xeraco y Tavernes) y PSPV (Benifaió, Silla y Algemesí).

La sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 10 de Valencia, notificada el pasado miércoles y contra la que cabe recurso de apelación, se dictó después de que la Delegación del Gobierno impugnara la exhibición de la bandera republicana en el balcón del ayuntamiento de Barxeta por el 86 aniversario de la proclamación de la II República Española.

El juez indica que esa actuación no supone «una específica vulneración de la normativa de banderas», como alegaba la Delegación, pues no se sustituyó la bandera oficial de España por la no oficial de la II República, y la ley que regula el uso de la bandera de España no prohíbe nada relativo a otras banderas. No obstante, afirma que el que no se haya vulnerado la normativa de banderas no quiere decir que esta actuación sea lícita. El Ayuntamiento de Barxeta «no puede pretender servirse de las potestades que la autonomía municipal le confiere para fines políticos distintos de lo previsto legalmente», según la sentencia, que señala que la dirección política del Ayuntamiento de Barxeta «se ha apropiado» de la institución que dirige «para fines políticos ajenos a esta, contrarios al principio de objetividad, neutralidad y respeto al conjunto de ciudadanos del municipio (y no solo a sus votantes)», por lo que su actuación es contraria a derecho.

Barxeta había comparado su actuación con la colocación en el Congreso de la bandera del «orgullo gay» durante una semana, pero el juez replica que esta bandera es representativa de un movimiento social destinado al «pleno respeto y equiparación de los ciudadanos».

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