El juez absuelve al ex director general del PP que pagó informes fantasma

Sin embargo, sí ha condenado a un alto funcionario del área que dirigía Lamparero, Francisco Segura, jefe de área de Calidad Ambiental, y al empresario Rafael José Parra Mateu, por prevaricación y malversación de caudales públicos por esos informes fantasma. No obstante, ambos han quedado absueltos del cargo de falsedad en documento oficial.

La sentencia establece una pena para Parra Mateu de siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y una condena de dos años de prisión por la malversación, además de una inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y para el ejercicio de funciones de asesoramiento mercantil económico de cualquier clase ante las administraciones públicas.

A Francisco Segura, el alto funcionario, la juez lo condena a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y a dos años de prisión por el de malversación.

Los componentes del tribunal, además, han condenado a Segura y Parra al pago de un tercio de las costas del proceso judicial y a afrontar una indemnización a la Administración autonómica de manera conjunta de 20.416 euros.

El tribunal sostiene que los cuatro contratos «lo son con independencia de su formalismo y forma de pago», generaron otras tantas facturas, y apunta el tribunal que «ya estaban otorgados o planificados antes de que se hubiesen seguido los trámites o pasos legales». Al margen, los jueces advierten de que la empresa de Parra, Asesores Económicos Públicos, la encargada de los conocidos como informes fantasma, no tenía capacidad «para asistir técnicamente a nadie en materia de medio ambiente».

Los jueces de la Sección Cuarta acreditan para exculpar al director general, entre otros motivos, que si bien Lamparero ordenó el pago de una factura de 20.000 euros «causada por una actuación absolutamente prevaricadora y falsaria», lo hizo después de que Segura, su subordinado, le certificara que la empresa adjudicataria había finalizado los trabajos, «toda una mentira que no consta que Lamparero conociese», indican los jueces.