El juez abre juicio a Crespo y Cuesta por un fraude a Hacienda de un millón de euros

Estos tres acusados ya han sido juzgados en la pieza principal de Emarsa, en la que se ha investigado un fraude de 23,6 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, y sobre la que se está a la espera de la sentencia. El fallo se encuentra en su fase final, según adelantaron los magistrados de la Audiencia en el auto que prorrogaba la prisión de Roca Samper.

El juez, aparte de a los procesados anteriores, acuerda abrir juicio a cuatro empresas como responsables subsidiarias: Erwinin S.L.; Printergreen S.L.; Zonday Investments S.L.; y Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. El magistrado también decreta que los acusados presten fianza y, de no ser así, que se les embargue bienes de su propiedad en cantidad suficiente para cubrir los 1.395.798,15 euros defraudados y otros tres millones de multa. Los años a los que se circunscribe esta pieza van de 2006 a 2009, cuando Crespo era consejero delegado de Emarsa; y Cuesta gerente.

El fraude a Hacienda supera ampliamente el millón de euros. La estafa fue ejecutada a través de las empresas de lodos Erwining, Zonday y Pintergreen. Estas mercantiles, que se interpusieron entre la depuradora y el proveedor en el tratamiento de los residuos, pertenecían a Jorge Ignacio Roca Samper, el cerebro financiero de la trama que fue capaz de mantenerse fugado de la Justicia española cuatro años. Finalmente fue detenido en Moldavia. Hoy sigue preso en Picassent.

Los gestores de Emarsa -Crespo y Cuesta, ambos del PP- conocían que el empresario era lo que se conoce como un facturero, cuya única misión era proporcionar a otras sociedades facturas por servicios simulados en las que incluían cuotas «ficticias» de IVA soportado para proporcionar un ahorro fiscal.

Todas las facturas que se recibían de estas empresas pantalla, sin actividad real, tanto Crespo como Cuesta las registraban en las declaraciones que hacía Emarsa. Con esta ilícita práctica, los acusados obtuvieron devoluciones de IVA a las que no tenían derecho. Además, el escrito de la fiscalía precisa una circunstancia añadida que todavía benefició más a los ahora acusados. Se trata de que al ser las anteriores empresas de Roca unas supuestas intermediarias en el proceso podrían aplicar un gravamen del 16% cuando en realidad a la actividad de los lodos le corresponde un 7%. Así, las devoluciones de dinero para los infractores eran todavía de mayor cuantía.

Las mercantiles de Roca nunca tuvieron personal ni medios necesarios para desarrollar esas tareas. En total, los dos cabecillas del fraude se enfrentan a 14 años. Además, solicita una multa de más de dos millones de euros para los responsables populares.