Investigan si el PSPV favoreció a una hermana del empresario señalado por financiar al partido

La entrada de la sede de la federación de fútbol en Gandia. / lp
La entrada de la sede de la federación de fútbol en Gandia. / lp

La denuncia del PP que también cuestiona las cuentas del Bloc incluye una subvención del Ayuntamiento de Gandia para la compra de un local a la hija de Gomar

A. G. R.
A. G. R.Valencia

La investigación judicial recoge alguna de las actuaciones del Ayuntamiento de Gandia, dirigido en su día por José Manuel Orengo. Entre las sospechas de irregularidades aparece la concesión de una subvención de más de 250.000 euros a la Federación Valenciana de Fútbol para la compra de un local en la capital de La Safor. El inmueble pertenecía a la hija de Antoni Gomar, concejal del municipio que no dudó en participar en el pleno que dio el visto bueno a esa decisión. Se da la circunstancia, además, de que otro de sus hijos era el tesorero de la federación deportiva y un tercer descendiente, el dueño de la empresa Crespo Gomar, señalada por pagar sufragar actos electorales del PSPV y el Bloc a cambio de contratos públicos.

De hecho, el gobierno de Zapatero adjudicó en su día a la citada mercantil contratos por más de tres millones de euros. Una de las administraciones principales fue el Ministerio de Sanidad, encabezado por Etelvina Andreu, quien fue candidata al Ayuntamiento de Alicante en 2007.

La citada subvención para la compra del local generó en su día, mayo de 2010, cierta polémica. Incluso el PP amenazó con acudir a la Fiscalía. Se ignora cómo quedó ese anuncio que hizo el vicesecretario general del PP en la Comunitat, José Císcar. El alcalde socialista defendió entonces que no se había incumplido la ley porque el bajo era de una sociedad mercantil. Supuestamente tras ella figuraba la hija del concejal.

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Esta información consta en el dosier que el PP entregó en una comisaría tras perder las elecciones y que desembocó en una investigación judicial desde 2016. Un juzgado de Valencia se inhibió recientemente al considerar que los hechos debían ser analizados en los partidos judiciales en los que supuestamente ocurrieron los ilícitos. Así, órganos de Madrid, Gandia y Benidorm siguen ahora con las pesquisas.

Mientras, las reacciones a la posible financiación del PSPV y el Bloc no dejan de sucederse. Por ejemplo, la empresa Egevasa ha convocado para la próxima semana a su comité de Ética para analizar los pagos que se realizaron desde la mercantil a la agencia de comunicación Crespo Gomar. Este comité es el órgano supervisor encargado de velar por el buen funcionamiento de la organización, según informaron fuentes de la empresa, participada por la Diputación en un 51 % y por Grupo Aguas de Valencia en un 49%.

La empresa de comunicación valenciana Crespo Gomar estuvo dirigida por Alberto Gomar, hijo del que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandía, Antonio Gomar, entonces presidido por José Manuel Orengo, que en la actualidad es asesor de Presidencia de la Generalitat. La mercantil presentó concurso de acreedores en 2011.

Según diferente documentación, también trabajó en esta misma firma José Ramón Tiller, actual adjunto a la gerencia de la empresa pública Egevasa, que ocupó puestos destacados en los gabinetes del expresident Joan Lerma, Orengo y la también exalcaldesa socialista de Gandía Pepa Frau.

Cs ha aprovechado estos acontecimientos para que su responsable del Área de Anticorrupción y Transparencia de Ciudadanos (Cs), Toni Cantó, presuma de que su formación es la «única que legisla contra la financiación irregular de los partidos políticos». En un comunicado, Cantó lamentó que la «corrupción vuelva a ser protagonista en la Comunitat Valenciana» y consideró «gravísimas las informaciones que indican que PSPV y el Bloc, miembro de Compromís, pudieron ir dopados, como el PP, a las elecciones». Por ello, exigió «explicaciones» y lamentó que los máximos dirigentes de estos partidos «estén intentando escurrir el bulto».

«La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que vestía camisetas contra la corrupción del PP, ahora cuando se apunta a sus socios de coalición por presunta financiación ilegal guarda silencio», subrayó. Además, reclamó a Ximo Puig que tome decisiones «en favor de la regeneración democrática y la transparencia». «El PSPV persiguió el asunto de los trajes de Camps y parece que su candidato hizo algo parecido», añadió. También encontró reproches para el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera. «Debe aclarar si continúa confiando en su jefe de Gabinete, que aparece en todas las informaciones como presunto responsable».

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, advirtió ayer de que si hay imputaciones por una supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE el partido actuará como lo ha hecho en otros casos, «con mucha contundencia». No obstante, Ábalos quiso dejar claro que se ha abierto un proceso de información interna «para ver que hay de cierto en todo esto y cuál es el alcance, porque no tenemos conocimiento». El responsable socialista adelantó que va a seguir al tanto del tema y «con mucho interés, porque ya de entrada la imagen negativa que se da nos preocupa».

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