Investigado por prevaricación el actual director del IVF y su antecesora del PP

El director del IVF, Manuel Illueca, compareciendo en Les Corts.
El director del IVF, Manuel Illueca, compareciendo en Les Corts. / EFE/Kai Försterlin

Manuel Illueca y Mariona Roger deben responder por un fraccionamiento de contratos públicos que se inició en 2013 y siguió hasta junio

Á. MOHORTE VALENCIA.

El actual director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca y su antecesora con el último gobierno del PP, Mariona Roger, tendrán que declarar como investigados por prevaricación tras detectarse un fraccionamiento de contratos públicos que se vendría realizando desde el año 2013. Se trata de la contratación mensual de la asistencia informática para el servicio de certificación de firma electrónica avanzada que utiliza el personal tanto de la Generalitat como de sus entidades autónomas, las entidades de derecho público y empresas públicas dependientes de ella.

Aunque ambos asumieron su cargo después de esa fecha (agosto de 2014 y junio de 2015, respectivamente), la práctica que la Sindicatura de Comptes considera irregular continuó hasta el pasado mes de junio, 23 meses después de la entrada del actual responsable de la entidad.

Illueca asegura que, después de estar cuatro meses en el cargo y tras conocer que el sistema era cuestionado por la entidad auditora de las cuentas públicas valencianas, mantuvo distintas reuniones con responsable de la sindicatura para tratar el asunto. Como resultado de esos encuentros, decidió prescindir de la responsable de estas contrataciones antes de iniciar el procedimiento administrativo para corregir la situación y contratar estos servicios según la normativa.

El alto cargo defiende que, después de tramitar y completar diferentes procedimientos burocráticos, que incluyeron la elaboración de la memoria justificativa para la nueva contratación del servicio (con fecha del 17 de mayo de 2016), el IVF publicó el 14 de febrero de este año los pliegos de condiciones para la licitación de un concurso público abierto que terminó por adjudicar el servicio a la misma empresa que lo prestaba.

Sin embargo, esta vez fue por el periodo de un año, prorrogable otro más, y por un importe anual de 250.000 euros, sin contar el IVA. Este proveedor fue el único que presentó oferta tras la publicación de la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea el 1 de abril pasado y la inclusión del anuncio en el Perfil del Contratante del IVF y en la Plataforma de Contratación del Estado.

Un servicio específico

Desde el IVF se atribuye esta situación a que «la especificidad del servicio», hace «difícil encontrar proveedores que cumplan con los estándares de calidad requeridos». En todo caso, desde la institución pública se destaca que la prestación de la asistencias técnicas con renovaciones mensuales fue instaurada en tiempos del anterior Ejecutivo y, al menos, desde 2013, según se estima desde el Consell.

Es ese año cuando la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, que era un ente independiente, pasa a formar parte del IVF. Tras la liquidación de esa agencia en enero de 2014, se mantuvo la misma práctica, a pesar de los reparos que ya se habían manifestado de la Sindicatura de Comptes.

En todo caso, el procedimiento judicial que lleva a Manuel Illueca y a Mariona Roger a los juzgados comenzó en 2016, cuando el juzgado abrió diligencias para aclarar esta forma de contratación, basándose en el informe de auditoría del ejercicio 2015, en el que la Sindicatura de Comptes cuestionó una vez más este sistema de contratación, como ya había hecho en 2014 y 2015.

Estos expedientes mensuales cubrían la contratación de los mismos cuatro técnicos y una administrativa que desarrollaban el servicio de certificación electrónica en la sede del IVF sin ser trabajadores del mismo. El director del IVF defenderá ente el juez que se tomaron las medidas necesarias para cambiar la situación teniendo en cuenta el procedimiento administrativo que requieren este tipo de contrataciones, aunque sin prescindir del anterior equipo y el sistema de contratación, al tener que garantizar que se siguiera prestando «un servicio considerado imprescindible».

De hecho, desde el IVF se reitera que, de haber actuado de forma abrupta, por ejemplo, miles de responsables sanitarios utilizan tarjetas criptográficas para acceder a los historiales clínicos con garantías de seguridad. Asimismo el sistema da soporte a las sedes electrónicas tanto de la Generalitat como de las diputaciones y ayuntamientos. La certificación electrónica es empleada también por miles de empresas y ciudadanos en transacciones y trámites.

«Hay que tener en cuenta que se trata de un servicio muy especializado, cuyas funciones están dotadas de una gran especificidad, siendo difícil encontrar proveedores que cumplan con los estándares de calidad requeridos para prestar el servicio», reiteran.

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