La investigación por las irregularidades de la F-1 se prorroga hasta finales de 2018

Un monoplaza de Ferrari durante el GP de Europa en 2012. / d. torres
Un monoplaza de Ferrari durante el GP de Europa en 2012. / d. torres

La resolución judicial recuerda que la Policía Nacional analiza mucha documentación en una «complicada» y «laboriosa» tarea

REDACCIÓN

valencia. El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia aprobó una nueva prórroga de la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en la organización del Gran Premio de Fórmula Uno que se celebró en Valencia, con un plazo de dieciocho meses que expira en diciembre de 2018.

La instructora fundamenta su decisión en las diligencias aún pendientes de practicar en esta causa, donde se investiga por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, la exconsellera de Turismo, Cultura y Deporte Lola Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar'. Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en la resolución se recuerda que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional está analizando abundante documentación en una «complicada» y «laboriosa» tarea que justifica la prórroga de la investigación. La jueza estima así la petición de la Fiscalía, añade el TSJCV, a la que se opuso la defensa del expresident Camps.

Nuevo testigo en Emarsa

En otro orden de asuntos judiciales, ayer compareció un nuevo testigo en el juicio por la pieza principal del caso Emarsa, procedimiento en el que se ha investigado un presunto desfalco de alrededor de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo.

Juan José Sánchez, exjefe de Mantenimiento de la mencionada empresa pública, afirmó ante el juez que rechazó facturas de la empresa vinculada al exinformático de la entidad, Sebastián García, conocido como 'Chanín', por obras inexistentes o por trabajos de pintura en fachadas de ladrillo caravista, donde la misma era imposible de poner.

Al testigo se le preguntó principalmente por los trabajos que realizaron en Pinedo las empresas Construcciones Rocafort, administrada por la hermana de 'Chanín', y Llar Calzada, mercantil de construcción que pertenecía a Daniel Calzada.

En concreto, respecto a Construcciones Rocafort, manifestó a preguntas de la fiscal que rechazó algunas de sus facturas porque no se ajustaban al material indicado o a las obras a las que se hacía referencia. Como ejemplo, se ha referido a una factura por unos trabajos en un colector que no existía y a otra relativa a una pintura sobre una fachada que era de ladrillo caravista. El testigo ha expuesto, además, que rechazó otras facturas de diversas empresas que no conocía.

En cuanto a Llar Calzada, Sánchez señaló que no todo lo que realizaba en la planta eran obras de mantenimiento y que «puede» que algunos de los trabajos que hizo se los encargase el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta.

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