Intervención niega que su informe cifre el agujero de Ciegsa en 1.000 millones

Máximo Caturla, exconsejero delegado de Ciegsa, en la Diputación de Valencia. / irene marsilla
Máximo Caturla, exconsejero delegado de Ciegsa, en la Diputación de Valencia. / irene marsilla

El PP aprovecha la comparecencia en Les Corts para desmentir la suma que ofrecieron Marzà y Soler y el Consell recuerda que era una estimación

A. C. / EP VALENCIA.

Los sobrecostes de Ciegsa, la empresa pública responsable de la construcción de centros escolares, durante la etapa de los gobiernos populares ha sido cifrada tradicionalmente en 1.000 millones. Este dato fue fruto de una estimación a raíz de un informe de la Intervención que realizaron los departamentos que encabezan Vicent Marzà, conseller de Educación, y Vicent Soler, conseller de Hacienda, en 2016 y se ha utilizado desde entonces como referencia a la hora de valorar una causa que está bajo investigación judicial. Sin embargo, el viceinterventor de Control Financiero y Auditorías de la Generalitat, Ignacio Pérez López, aseguró ayer que la cifra de 1.000 millones de euros de sobrecostes no «consta» en el informe que realizó, pese a que no descarto que la cifra ronde esas cantidades.

Pérez López destacó durante una comparecencia en Les Corts que «no hay ninguna cantidad que ponga 1.000 millones de euros». El viceinterventor explicó que su función era elaborar este informe por mandato del Consell, que es quien establece el alcance del mismo, y tanto en este como en el resto, se realizó un trabajo «imparcial e independiente». Pérez López se remitió a la valoración global que realiza en el informe, en la que señala que las actuaciones encomendadas a Ciegsa «carecen de presupuesto y control por parte de la Conselleria, se efectúan en base a un convenio de colaboración irregular que no se tramitó conforme a ley, con la única finalidad de obtener financiación privada y acelerar la construcción de infraestructuras educativas que la Generalitat no podía ejecutar».

El viceinterventor añadió que en el documento se deja claro que «el empleo continuado de encomiendas o encargos que no reunían las condiciones necesarias supuso una vulneración de las garantías establecidas en la normativa en materia de contratación y de financiación». «No entramos a hacer juicios de valor», defendió y remarcó que dan una opinión a raíz de la evidencia encontrada tras el análisis. Desde el PP, la diputada Beatriz Gascó se incidió en que estos 1.000 millones «se repiten como un mantra» desde el Consell y, después de que el viceinterventor subrayase que esa cifra no aparece arremetieron contra el Ejecutivo por haber creado un dato que no aparece en el informe.

El Consell quiso dejar claro que estas declaraciones no desmienten los sobrecostes de Ciegsa. Desde el Ejecutivo recordaron que la cifra de 1.000 millones es el resultado de una estimación en la que se tienen en cuenta alrededor de 540 millones de gestión, 457 millones que vinculan a 'chiringuitos'. Además, indicaron que sí se recoge en el informe más de 300 millones de sobrecoste. Del mismo modo, apuntaron que al final será el juez el que dirá cuál fue el importe final de los sobrecostes y gastos generados por el modelo Ciegsa que se pagaron y que consideraron que probablemente sean más de 1.000 millones. También quisieron remarcar que existen denuncias y acusaciones gravísimas de pago de comisiones, mordidas y corrupción que han promovido una investigación judicial sobre este asunto.

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