El PP insta al Consell a derogar el decreto ley de plurilingüismo

Los populares reclaman la creación de una comisión en Les Corts sobre el modelo lingüistico para alcanzar un consenso político

S. P.

Valencia. La portavoz del grupo popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, presentó el pasado martes una moción en la corporación provincial mediante la cual insta al Consell a derogar el decreto ley sobre pluringüismo aprobado el pasado día 8 de septiembre en Les Corts. La norma afecta a las aulas de Infantil de 3 años y contó con el apoyo del tripartito -PSPV, Compromís y Podemos-, con el voto en contra de los populares y la ausencia de Ciudadanos.

Contelles solicita al Ejecutivo valenciano que recupere, como dictó el Tribunal Superior de Justicia valenciano, el decreto de 2012 aprobado por su partido y solicita a todos los grupos políticos con representación en el Parlamento valenciano a constituir una comisión «para abordar y alcanzar un consenso básico respecto del modelo lingüístico y educativo, para que las familias tengan libertad a la hora de elegir la educación que desean para su hijos».

¿Por qué presenta el PP esa moción? Los populares consideran que el conseller de Educación, Vicent Marzà, «se ríe del TSJ con una treta política para eludir las decisiones de los tribunales». No obstante, los populares recuerdan que «desde Infantil de 4 años y en los cursos siguientes sí se aplicará el anterior decreto» de 2012. El PP culpa a Marzà «de continuar aplicando la hoja de ruta de Compromís», que tiene como objetivo «imponer un modelo de educación sectario, que adoctrine a nuestros jóvenes en la imposición del nacionalismo, la misma hoja de ruta del independentismo catalán».

Tampoco pasa inadvertido en el partido de la gaviota que los sindicatos educativos se hayan enfrentado a Marzà «por su mala gestión» y citan algún ejemplo como el STEPV, quienes consideran que «se debería haber informado y negociado el nuevo decreto ley de plurilingüismo con los órganos de representación, participación y consulta, como la Mesa Sectorial de Educación o el Consell Escolar Valencià».

En lo que respecta a la provincia de Valencia, el PP indica que «el caos y la política radical de Marzà afecta ya de forma directa o indirecta a más de un millón de personas de los 266 municipios, lo que supone el 40% de la población entre alumnos, profesores, responsables de centros educativos y familias».

Los populares destacan que la provincia es «la más afectada, ya que alberga el 50% de alumnos de toda la Comunitat». Recuerdan que «hay 30.000 profesores que han tenido que padecer los vaivenes educativos del Consell» y «1.500 centros públicos y privados que viven en la incertidumbre educativa tras las injerencias educativas» del conseller. Así como también exponen los «150.000 alumnos de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de la provincia (41.600 en la ciudad de Valencia) que están afectados por la política de recortes de las aulas concertadas».

Resulta también descatable para el PP que «uno de cada cinco padres valencianos no pueda acceder al centro elegido. Con el PSPV y Compromís, el 85% de los progenitores pueden matricular a sus hijos en el centro deseado, frente al 100% del último Consell del PP». También mencionan otros incovenientes para las familias en materia de educación como «los recortes en las concertadas, la eliminación del distrito único y el caótico plan de Xarxa Llibres».

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