Un informe avala el precio que RTVV pagó en su día por los documentales

Un estudio en la sede de Burjassot de la antigua RTVV. /J. Monzó
Un estudio en la sede de Burjassot de la antigua RTVV. / J. Monzó

La causa por el supuesto desfalco de las cuentas de la vieja televisión que denunció Compromís avanza hacia el archivo

A. RALLO / J. MOLANO VALENCIA.

La investigación sobre el supuesto desfalco en la vieja RTVV se dirige lentamente hacia el archivo. La causa sigue todavía en un juzgado de Paterna, sin apenas repercusión mediática y enterrada por otros asuntos como Imelsa y la Fórmula 1. Pero, en su día, la denuncia de Compromís apuntaba a un saqueo de dimensiones desconocidas hasta la fecha en la Comunitat: 1.300 millones de euros.

La causa se ha ido deshinchando paulatinamente. Ahora sólo se discute ya por el precio pagado a la productora Triskel por tres documentales sobre Garzón, el Gal y Alfredo Pérez Rubalcaba. En Canal 9 sólo se emitió el primero de los trabajos. También queda pendiente el importe entregado por el patrocinio del Villarreal. Respecto a la primera de las cuestiones, ya se ha descartado cualquier indicio delictivo. La pericial encargada por el juez avala la cantidad pagada por los reportajes (276.000 euros). Admite que el importe es alto, pero dentro del rango de mercado, que calculan que se situaría entre los 150.000 y los 300.000 euros.

El asunto acumula cierto retraso. Uno de los motivos ha sido el problema para encontrar un organismo que evaluara el precio pagado por esos trabajos periodísticos. El juez remitió en su día un oficio a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Respondieron que no eran competentes.

La segunda alternativa fue la de la Intervención de la Generalitat. Funcionarios de la institución actúan habitualmente como expertos en multitud de trabajos periciales. A los cinco meses contestaron que no estaban capacitados para emitir un informe de estas características. Finalmente ha sido la empresa Taxo Valoración, la encargada de este dictamen clave para el devenir final de las pesquisas. El número de imputados también se ha reducido.

Los expertos consideran que por los documentales se podía pagar entre 150.000 y 300.000 euros

Actualmente, la causa se reduce contra dos personas. Se trata del exdirector de RTVV Luis Redondo y el ex director general de la televisión, José López Jaraba. Tras el citado informe sobre los documentales, los indicios que quedan en la causa son mínimos. La investigación parece abocada al sobreseimiento. Tan sólo queda una pericial pendiente, otro informe sobre el pago de los patrocinios al equipo del Villarreal.

A la denuncia de Compromís, la interpuso Rafael Xambó junto a otros dirigentes, se sumaron los sindicatos de CCOO y de la CGT. El papel de la primera de las organizaciones ha sido testimonial en la causa. La coalición nacionalista mantenía que la ilegal gestión sobre el ente de RTVV había conducido al cierre de la televisión. Acusaba a la cúpula de malversación, apropiación indebida y administración desleal. Fue Enric Morera, hoy presidente de Les Corts, quien informó en rueda de prensa del supuesto método de saqueo de las cuentas. Fue en 2014. Ahora, tres años después, aquel relato incriminatorio no se sostiene. La Generalitat Valenciana ni siquiera se encuentra personada.

La juez rechaza testigos en el juicio contra la elección de Marco

La juez que tramita la demanda contra el proceso de selección de la directora general de À Punt inadmitió a finales del pasado mes de octubre la comparecencia de testigos en el juicio. La magistrada rechazó, por considerar que no estaba justificada, la petición que realizó el abogado del demandante, el periodista Pere Valenciano, para que el presidente del Consejo Rector de Corporación Valenciana de Medios, Enrique Soriano, y los demás miembros del órgano de administración fueran interrogados en el juicio. Una sesión que ha adelantado su fecha de celebración al 26 de febrero del próximo año, cuando estaba programada para el 8 de mayo.

Ante la negativa de la magistrada, el representante legal de Valenciano presentó alegaciones. Considera que la comparecencia de los miembros del consejo es relevante para esclarecer cómo se desarrolló el proceso de selección de Empar Marco. Insiste en que testifique Soriano y los vocales del órgano administrativo al considerar que el primero fue quien publicó las bases de la convocatoria del concurso de libre designación y los segundos participaron en la elaboración de las mismas. Algunos de ellos como integrantes de la comisión de valoración. La necesidad de que declaren es, según el abogado del que fue aspirante al puesto, que aclaren el baremo de méritos de la convocatoria y expliquen las deliberaciones en el proceso de selección, porque todos ellos forman parte del órgano encargado de realizar el procedimiento que se impugna. Ahora, la juez deberá volver a decidir si acepta la solicitud de Valenciano, que demandó por considerar que el concurso había sido un fraude.

Fuentes judiciales criticaron la pasividad de Compromís en la causa en la que apenas han impulsado la instrucción pese a ser ellos los denunciantes. De igual modo, las mismas fuentes, recordaron el mensaje de Compromís durante su campaña electoral de que si llegaban a la Generalitat iban a pedir que se revisara hasta el último euro gastado en RTVV. No se ha hecho.

Tampoco se ha desarrollado actuación alguna en Les Corts. De hecho, debido al elevado número de comisiones que actualmente se siguen en el Parlamento autonómico han impedido analizar este asunto tan importante en su día.

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