Cs se harta y ya plantea denunciar ante el fiscal la gestión de la nueva Imelsa

Este diario ha venido detallando la controversia generada por la decisión del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez -que también lo es de Divalterra- de sacar adelante en el consejo de administración de la firma dos nombramientos de directores de área, los de Lucas Ferrando y Víctor Jiménez, con contratos de alta dirección, a pesar de la existencia de distintos informes jurídicos que consideraban irregular esa decisión y reclamaban la convocatoria de un concurso oposición. Uno y otro terminaron presentando su renuncia: el primero a las 96 horas de ser nombrado, y el segundo, un mes después.

Este pasado viernes, los dos cogerentes de la empresa, Xavi Simón (PSPV) y Agus Brines (Compromís), anunciaron una reestructuración de la firma, que implicaba la desaparición de cuatro de las seis direcciones de área, justo 24 horas después de constatar el desacuerdo para renovar los contratos de alta dirección de esos cuatro responsables.

Ochando señaló ayer que su partido se plantea exigir «responsabilidades políticas y económicas por las actuaciones realizadas» en la empresa de la Diputación. «Cs está valorando jurídicamente la situación y se plantea llevar a la fiscalía las actuaciones».

El representante de Cs en el consejo de administración de la nueva Imelsa explicó que las decisiones adoptadas en relación con los contratos de alta dirección son manifiestamente reprochables. «Las tropelías cometidas están claras: ocultación de documentación para la toma de decisiones, actuaciones en contra de la ley y los estatutos de la empresa y uso de información privilegiada, entre otras», detalló.

La ocultación de información se habría producido con los informes jurídicos contrarios a los nombramientos y que la empresa únicamente entregó al representante de Cs cuando éste se presentó acompañado de un notario. Un total de doce dictámenes de los que un buen número rechazan esos contratos de alta dirección en una empresa pública.

Las actuaciones contrarias a la ley y a los estatutos de la empresa estarían vinculadas a los cambios anunciados en el organigrama la semana pasada. «El artículo 21 de la sociedad indica que el nombramiento y separación de los directivos de la sociedad, así como establecer la plantilla de personal, es potestad del consejo de administración», y no de los cogerentes, que el pasado viernes anunciaron que habían «acometido una reestructuración de la empresa» y suprimía cuatro direcciones de área. «Al hacerlo la gerencia -señaló Ochando- incumplen de nuevo las leyes y los estatutos. Lo hicieron en la contratación escondiendo informes negativos al propio secretario de la Diputación y lo hacen ahora despidiendo a los directivos bajo su único criterio».

¿Y la información privilegiada? Los nombramientos del 19 de febrero se llevaron a cabo con un informe favorable del secretario, Jorge Cuerda, que decidió el apoyo de Compromís. Un informe al que el resto de consejeros no tuvieron acceso hasta escasos 85 minutos antes del comienzo de la reunión. «Es intolerable que PSPV y Compromís reiteren la actuación del PP y echen por tierra la labor de los brigadistas forestales», señaló Ochando.