Grau contrató por 300.000 euros a una empresa creada pocos días antes

El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, tras declarar en los juzgados.
El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, tras declarar en los juzgados. / irene marsilla

La Guardia Civil apunta que la aportación se produjo en un momento en el que urgía liquidar una importante deuda con la organizadora de la campaña electoral del PP

J. MOLANO / A. RALLO VALENCIA.

Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sitúa al que durante varias legislaturas fue número dos de Rita Barberá y vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en el centro de la supuesta financiación ilegal del PP local para las campañas de 2007, 2011 y 2015, como publicó este periódico en su edición de ayer. La investigación sitúa a Grau como hombre clave en el entramado. Utiliza, según los agentes, una estructura empresarial de su amigo Vicente Sáez para canalizar la llegada de dinero.

El informe de la UCO refleja que el exvicealcalde dirige, o tiene cierto control, sobre algunas fundaciones que nutren generosamente las cuentas de las sociedades de Sáez. Grau figuraba como apoderado de la fundación Ceyd y firmó un controvertido contrato en 2007 que suponía la llegada de 300.000 euros a una de las mercantiles investigadas dentro del entramado Laterne, City Marketing Consell (CMC), propiedad de su amigo. Llama la atención que la aportación se hiciera pocos días después de que esa sociedad iniciara sus operaciones. La UCO sospecha que ese dinero no respondía a ningún trabajo sino que podría tatarse de servicios ficticios para esconder la llegada del dinero.

Ese contrato, según la UCO, habría sido firmado por Sáez, por parte de Laterne, y por Grau, por parte de Ceyd, en un momento en el que existía la necesidad de liquidar la importante deuda de campaña adquirida con Laterne con motivo de las elecciones municipales. La Guardia Civil detalla en su informe que a partir de 2006 aumentó el número de empresas de Sáez que recibían ingresos y también creció de manera sustancial el número de organismos vinculados o dependientes de esas sociedades, algo que también produjo un aumento importante del total de los ingresos.

Fundaciones como Ceyd han sido duramente censuradas porque se antojaban como argucias de los poderes públicos para evitar la legislación y los controles que requiere la contratación pública. Laterne, la organizadora de la campaña del PP, no sólo se nutrió de fondos de esa fundación. Otras entidades también controladas por el exvicealcalde registraron una sospechosa contratación con el entramado de Vicente Sáez. Por ejemplo, Turismo Convention Boureau. Grau era presidente y el instituto ingresó más de 600.000 euros a Laterne sin que ahora conste justificación. Los agentes la requirieron y la respuesta no pudo ser más inquietante y sorprendente a partes iguales: se había destruido.

El informe de la Guardia Civil también revela la intervención del despacho de abogados de José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Según el dosier, Corbín habría ayudado a Grau y a otros investigados en esta rama del caso Taula a obtener fondos ilegales y para la caja b del PP en el Ayuntamiento de Valencia.

Compromís ataca al PP

En Compromís arremetieron contra el PP tras la publicación del informe de la UCO. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, concluyó que la investigación confirma que el PP cometió un «delito continuado elecciones tras elecciones y organizado sistemáticamente». Por su parte, el síndic de la coalición en Les Corts, Fran Ferri, señaló que la líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, «encabeza un PP corrupto que no tiene manera de regenerarse».

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