Otras dos leyes valencianas acaban en el Constitucional

Sobre el recurso a la ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas), el Gobierno recuerda que el Tribunal Constitucional ya reiteró la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético.

Estas dos iniciativas legislativas autonómicas se suman a una serie de normativas ya recurridas por el Gobierno de Rajoy en lo que va de legislatura. Entre los textos legales contestados por el Ejecutivo estatal se encuentran la ley de senadores, la de Sanidad Universal y el decreto de plurilingüismo, entre otros.

El pasado octubre fue admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana. Una iniciativa impulsada por Podemos y aprobada el año pasado en Les Corts con el respaldo de PSPV y Compromís con el objetivo inmediato de forzar la salida de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. La norma ya fue aprobada con el convencimiento de que nunca podría ser aplicada y que, casi con toda probabilidad, sería tumbada por el Constitucional. De hecho, se pretendía revocar senadores de su cargo bajo el precepto de la «pérdida de confianza». Hasta Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts, admitió que existían «argumentos para que el recurso prospere» y recordó que los socialistas apoyaron a Podemos para sacar adelante la ley por «imperativo de lealtad al Botánico».

Otra norma analizada por el Tribunal Constitucional es el decreto por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat. Una promesa electoral que el Consell aprobó durante los primeros compases de su mandato y que podría vulnerar la competencia estatal en materia de sanidad. Este proyecto, sobre el que aún no hay una resolución, fue suspendido en noviembre de 2015 pero se levantó la suspensión en marzo del año pasado. La norma permitía el acceso al sistema a unas 30.000 personas, buena parte de ellas inmigrantes que, con la reforma estructural del Sistema Nacional de Salud por parte del PP, habían quedado sin cobertura sanitaria gratuita.

Tambiéna finales de septiembre, el Ejecutivo propuso a Vicent Marzà, conseller de Educación, la creación de una comisión para tratar de llegar a un consenso que evite acudir al alto tribunal. El asunto a tratar, la rectificación del polémico decreto de plurilingüismo que fue aprobado el 1 de septiembre. Este segundo decreto se usó para «burlar» la paralización judicial del primero. Lo que se quiere aclarar es si existía o no la necesidad de adoptar de manera urgente este segundo decreto. La intervención por parte de Íñigo Méndez de Vigo llega después de que distintos colectivos de padres y docentes, plantearan su malestar o, incluso recurrieran la norma. La rectificación se produjo el pasado viernes. Marzà reculó y ahora deja de vincularse un mayor aprendizaje del inglés a quienes opten por una formación en valenciano. Esta había sido hasta la fecha uno de los pilares sobre los que se asentaba la política del Consell.

La ley del servicio público de radiodifusión y televisión, la norma que regula el funcionamiento de À Punt, también ha estado en el punto de mira. El Gobierno expuso sus dudas sobre dos de los artículos y una disposición transitoria. Precisamente fue esta última la más peliaguda ya que hacía referencia a las ventajas de los extrabajadores de RTVV y a las preferencias que tendrían en el proceso de selección respecto a otros candidatos, un asunto muy polémico que no ha dejado de levantar ampollas.

Pese a la rectificación, À Punt no se librará de los tribunales ya que la Unió de Periodistes ha anunciado que impugnará la bolsa de trabajo por lo que consideran que es una «discriminación» de los nuevos aspirantes frente a los extrabajadores. Los otros apartados sobre los que se mantienen reservas hacen referencia a las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación y los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad reconocidos en la Constitución.

En el plano económico, son dos los proyectos que el Gobierno central obligó a rectificar. Así sucedió con la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2017. El Consell tuvo que dar un paso atrás en los artículos que regulaban las competencias de las administraciones locales en el sistema de servicios sociales. Del mismo modo, la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat también tuvo que ser modificada tras la comisión bilateral creada entre los dos gobiernos.

Tampoco otras normas que regulan aspectos sociales, vértice sobre el que el Consell estableció una de sus prioridades, también se han encontrado con escollos. La redacción de la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género, la conocida como ley trans, también fue puesta en duda. En concreto, los artículos 2.1, que hacía referencia al ámbito de actuación, y el 9, que recogía la documentación y las medidas administrativas que la Generalitat deberá adoptar para asegurar que las personas objeto de esta norma sean tratadas de acuerdo con su identidad de género.

La ley valenciana de pobreza energética establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro, según argumenta el Gobierno. Incide además sobre el régimen económico del sistema energético al mantener el suministro sin retribución del suministrador, y regular los plazos de aplicación, las comunicaciones a realizar antes del corte de suministro, los consumidores a los que no se les podrá cortar el suministro, etcétera, en términos distintos a los establecidos por la normativa estatal básica en materia de energía (electricidad y gas), y no así en relación con el suministro de agua, que no se ve afectado por la impugnación.

Con respecto al recurso de inconstitucionalidad en relación con los artículos de la Ley valenciana por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, el Gobierno explica que la norma incurre en extralimitación competencial y, por tanto, invade las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil, "bases de la ordenación de crédito, banca y seguros" y "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica".

En la ley de función social de la vivienda, el Ejecutivo de Rajoy ya discrepó en dos puntos: la necesidad de que las Administraciones tengan que garantizar este derecho y sobre el papel mediador de la conselleria en los conflictos entre bancos y particulares.