El Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional otras dos leyes del Consell

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. / efe/chema moya
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. / efe/chema moya

El Ejecutivo central, que ya llevó al alto tribunal la norma de senadores y la de supresión del copago, cuestiona ahora la legislación antidesahucios y la de pobreza energética

E. P./REDACCIÓN

madrid/valencia. El Consejo de Ministros aprobó ayer dos acuerdos para solicitar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con artículos de las leyes de pobreza energética y función social de la vivienda de la Generalitat Valenciana. En ambos casos, el Ejecutivo considera que la competencia es de carácter estatal y la comunidad se habría atribuido funciones que no le corresponden.

Sobre el recurso a la ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas), el Gobierno recuerda que el Tribunal Constitucional ya reiteró la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético.

La ley valenciana establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro, según argumenta el Gobierno. Incide además sobre el régimen económico del sistema energético al mantener el suministro sin retribución del suministrador, y regular los plazos de aplicación, las comunicaciones a realizar antes del corte de suministro, los consumidores a los que no se les podrá cortar el suministro, etcétera, en términos distintos a los establecidos por la normativa estatal básica en materia de energía (electricidad y gas), y no así en relación con el suministro de agua, que no se ve afectado por la impugnación.

Con respecto al recurso de inconstitucionalidad en relación con los artículos de la Ley valenciana por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana, el Gobierno explica que la norma incurre en extralimitación competencial y, por tanto, invade las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil, «bases de la ordenación de crédito, banca y seguros» y «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica». El Ejecutivo central ha advertido hasta en nueve ocasiones al Consell con recurrir al Constitucional sus iniciativas parlamentarias. Estas advertencias se producen porque de las disposiciones de algunas leyes se aprecian signos de inconstitucionalidad. Para resolver esta situación, una opción es la creación de comisiones bilaterales de cooperación entre la administración general del estado y la Comunitat, una especie de mesa de trabajo conjunta que busca llegar a un acuerdo para perfilar las normas y evitar la vía judicial. Si la negociación no fructifica en un entendimiento, la otra opción consiste en que el Gobierno central recurra directamente la ley sin intentar un diálogo. Desde que PSPV y Compromís accedieron al Palau en 2015 se han creado siete comisiones y dos leyes han ido al TC -senadores y copago-.

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