El Gobierno lleva al TC la ley que impulsó Podemos para revocar a Barberá

Un pleno de Les Corts durante esta legislatura. / d. torres

El Ejecutivo central anuncia el recurso de la normativa de la Generalitat sobre la elección de los senadores territoriales

B. F. VALENCIA.

Tal y como en su momento predijo el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, finalmente ha acabado en el Constitucional la ley que impulsó Podemos para revocar a Rita Barberá en el momento en que arreció la ofensiva judicial contra ella. Los socialistas votaron a favor de la normativa podemista por lealtad al Pacto del Botánico, pero las reservas en las filas del PSPV eran entonces muy evidentes y derivaron en una bronca parlamentaria de primer nivel. Efectivamente, el Consejo de Ministros aprobó ayer el acuerdo por el que se solicita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados de la normativa de 2016 de la Generalitat Valenciana de designación de senadores en representación, la Ley 10/2016 en modificación de la 9/2010.

En relación con el acuerdo, el Consejo de Estado emitió un dictamen que concluye que existen motivos suficientes para la presente impugnación, según informó ayer la delegación de Gobierno en un comunicado.

En concreto, el Ejecutivo central impugna dos artículos (el 14 bis y el 16), así como la disposición transitoria única. En primer lugar, el Gobierno que preside Mariano Rajoy considera que el nuevo mecanismo de revocación previsto en el artículo 14.bis es inconstitucional porque «vulnera la prohibición de mandato imperativo contenida en la Constitución» de que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo».

El Gobierno también entiende que la ley valenciana «excede el mandato del artículo 69.5 de la Constitución, por cuanto éste se refiere solo la de la designación de los senadores en representación de la comunidad autónoma», por lo que «una vez adquirida la condición de senador, su régimen y situación de permanencia es la misma que la del resto de los miembros del Senado».

Al respecto, recuerda que «la competencia de las comunidades autónomas es la designación de senadores» y que, por tanto, «su régimen y su situación de permanencia no es competencia autonómica». De este modo, según Madrid, las atribuciones de Les Corts acaban en el momento en que eligen a sus representantes en la Cámara Alta, y a partir de ese momento, sus competencias finalizan.

El Ejecutivo central considera además que la norma vulnera el artículo 23 de la Constitución, porque «el derecho de permanecer reconocido implica también el de no ser removidos de los cargos o funciones públicos a los que se accedió, si no es por causas y de acuerdo con procedimientos legalmente establecidos». La ley impulsada por Podemos incorporaba una serie de razones vinculadas a comportamientos y actitudes éticas que el Gobierno central considera improcedentes a la hora de revocar o no a un senador. En segundo lugar, en cuanto al artículo 16, entiende que la obligación de comparecencia de los senadores estatales en Les Corts vulnera el artículo 67.2 de la carta magna. Precisamente, por este último asunto, el de las comparecencias, es por lo que Podemos impulsó la normativa, cuando la exalcaldesa Rita Barberá se negó a acudir a una comisión parlamentaria a la que fue citada, entendiendo la senadora que no tenía obligación de comparecer. A partir de entonces se puso en marcha un proyecto de ley que finalmente se aprobó, en octubre de 2016, con los votos a favor del tripartito y la única oposición del PP.

Por último, el Gobierno central impugna la disposición transitoria única de la norma por cuanto «impone que los senadores designados conforme la regulación anterior estarán sometidos a lo que establecen los nuevos términos de la ley» y, por lo tanto, «se modifica el estatuto jurídico de estos senadores». El Gobierno cree que «puede ser inconstitucional por otorgarle efectos retroactivos y conllevar nuevas obligaciones a los senadores nombrados con anterioridad a la entrada en vigor de la modificación», lo que además afectaría a «derechos consolidados». Este recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional se realiza con expresa invocación al artículo 161.2, a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos que se impugnan.

Mata explicó en octubre del año pasado que su grupo apoyaba la ley «por lealtad al acuerdo político» que tienen con Podemos y Compromís, si bien advirtió de que «nadie cuente con el PSPV» para abrir el proceso para revocar a ningún senador designado por Les Corts. El voto a favor fue una enmienda a la totalidad tan contundente que desde el PP práctiamente se dio por formulada su alegació en contra suscribiendo las palabras de Mata y augurando una inconstitucionalidad que ahora reclama el Gobierno central.

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