El Gobierno insta al Consell a apoyar los PGE para que la Comunitat no pierda 353 millones

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en un acto oficial. / jesús montañana
El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en un acto oficial. / jesús montañana

El jefe del Consell considera que el Ejecutivo central «juega con fuego porque trata con displicencia a las autonomías»

VALENCIA.

El Gobierno reconoció ayer, por medio de su delegado en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, que los intereses valencianos han quedado perjudicados porque no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y se han tenido que prorrogar los del año pasado. Eso supone un recorte de 353 millones de euros de las entregas a cuenta por parte del Ministerio de Hacienda al Consell a lo largo de este año. Pero lejos de cargar con la pena de falta de votos en el Congreso para sacar adelante las cuentas estatales, Moragues lo que hizo fue poner el balón sobre el tejado del PSPV, Compromís y Podemos e instar a los partidos que integran el pacto del Botànic a que sus representantes nacionales en el Congreso negocien con el Gobierno y apoyen las cuentas estatales para 2018 para que los valencianos no pierdan esos 353 millones de euros.

Moragues no tuvo problemas en admitir que «los intereses valencianos salen discriminados y perjudicados» al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2018, al tiempo que recordó que los proveedores de la Generalitat cobran «gracias al Gobierno central».

Pero el delegado del Gobierno propuso una solución al problema al que se enfrentan las arcas autonómicas valencianas: «En vez de quejarse, de alimentar un discurso victimista, de buscar la confrontación, de hacer críticas continuas al Gobierno central, que se sienten en Madrid con sus diputados de Compromís, Podemos y PSPV y negocien los Presupuestos».

El representante del Ejecutivo central en la Comunitat Valenciana incidió en que si estas tres formaciones políticas no negocian los presupuestos «están poniendo por delante los intereses partidistas y el discurso victimista a la defensa del interés general».

Moragues realizó estas declaraciones en Xeraco, a donde acudió a ver las obras de un paso inferior de peatones que realiza Adif en la estación de trenes de cercanías de esta localidad de la Safor.

El Ministerio de Hacienda mandó una carta a la Conselleria de Hacienda el pasado martes en la que le informaba de la pérdida de esos 353 millones de euros respecto a la cantidad que el pasado mes de julio le comunicó que percibiría a lo largo de la actual anualidad. Moragues justificó esa decisión al indicar que dada la situación de prórroga de las cuentas de 2017, el cálculo de transferencias para este ejercicio se tiene que calcular de acuerdo a los números del año pasado y se aplicarían ya «a los pagos mensuales de las entregas a cuenta a partir de enero de 2018 en tanto no se disponga de un presupuesto aprobado» para este 2018.

Moragues reconoció que determinadas inversiones comprometidas por parte del Gobierno «no pueden tener reflejo en los PGE y, con ello, se ve perjudicada la Comunitat Valenciana y la actualización de la financiación autonómica», porque «al no tener Presupuesto no se puede hacer efectiva».

El delegado del Gobierno declaró que el Ejecutivo central continúa pagando «los intereses de la Generalitat a los bancos y los intereses de la deuda, como lo demuestra que, teniendo mucha más deuda que hace unos años, paguen menos de la mitad de los intereses». En ese sentido deslizó que de enero a noviembre del año pasado 2.469 proveedores del Ejecutivo de Ximo Puig cobraron 1.243 millones de euros que desembolsó el Gobierno.

No dudó Moragues en asegurar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy continuará haciéndose cargo de los pagos a los proveedores de la Generalitat y que esos pagos «no corren peligro». Decir lo contrario, incidió, «es faltar a la verdad y es hacer demagogia porque el Gobierno garantiza a todos los proveedores que van a cobrar».

De ahí que Juan Carlos Moragues instase ayer a los partidos que sostienen a los actuales gobernantes de la Comunitat, PSPV, Compromís y Podemos , a que «hablen menos y negocien más, se sienten en la mesa de Madrid para llegar a acuerdos que son beneficiosos para la Comunitat Valenciana».

El adelgazamiento en 353 millones que sufrirán las cuentas autonómicas si el Ejecutivo central se queda sin aprobar los PGE de 2018 no le gusta nada al presidente de la Generalitat. Ximo Puig afirmó que el Gobierno, al recortar esa cantidad en la financiación de la Comunitat, «está jugando con fuego en esta situación de displicencia con las comunidades autónomas».

Ximo Puig no ve las cosas tan fáciles como las pinta Juan Carlos Moragues. Aunque el delegado del Gobierno se refirió a la aprobación de los PGE de 2018, el presidente hizo mención a la reforma de la financiación autonómica, que es lo que verdaderamente le preocupa. «¿Cómo se atreve el delegado de Gobierno a decir que el sistema de financiación sea aprobado o no en función de los apoyos parlamentarios de un presupuesto?», se preguntó. Para Puig, Moragues actúa «con una enorme irresponsabilidad».

El jefe del Consell volvió sobre una idea que repite una y otra vez: que el presidente del Gobierno dio su palabra a la conferencia de presidentes de que antes de finalizar 2017 «se reformaría el sistema de financiación, y la ha incumplido».

Puig, a continuación, cambió de objetivo y criticó las declaraciones del coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, quien había asegurado que es «imprescindible» que Cataluña esté presente en el nuevo modelo de financiación autonómica. «¿A qué obedece que, no ya el Gobierno, sino que el PP se descuelgue diciendo que hasta que Cataluña no solucione la cuestión queda todo paralizado?», criticó el presidente de la Generalitat, que ve cómo se dilata la consecución de la nueva financiación.

A su entender, las manifestaciones de Martínez-Maíllo, en cuanto a paralizar la reforma del sistema de financiación, «son una absoluta anormalidad democrática, una anomalía profunda del funcionamiento del sistema». «Cuando aprobamos la decisión en la conferencia de presidentes de que en este año pasado ya se aprobaría el sistema de financiación, Cataluña no estaba en la mesa. No vino porque no quiso», dijo Puig.

«La Comunitat no puede esperar más, entre otras cosas, porque nosotros no queremos, ante la desigualdad, permanecer impasibles. Hasta aquí hemos llegado», indicó el jefe del Consell.

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