Gobierno y Consell colisionan por las leyes valencianas

La ley de senadores y el decreto de sanidad universal están a la espera de la decisión del alto tribunal | El Ejecutivo central lleva al Constitucional dos normas y obliga al tripartito a modificar siete iniciativas legislativas

Arturo Cervellera
ARTURO CERVELLERAValencia

Rafael Catalá, ministro de Justicia, diagnosticó la semana pasada las consecuencias de la actividad legislativa del Consell. Numerosas normas han generado «tensiones y conflictividad». Toda una declaración de intenciones que viene a justificar por qué el Gobierno central ha amenazado hasta en nueve ocasiones al Consell con recurrir al Tribunal Constitucional sus iniciativa parlamentarias. Una situación que Catalá achaca directamente a la «improvisación» del Ejecutivo que lidera Ximo Puig, movido por las «presiones nacionalistas» y un «fanatismo que no lleva a ninguna parte».

En los últimos 27 meses, el Gobierno central no ha dudado en señalar determinados proyectos del Consell que podrían atentar contra la Carta Magna. Estas advertencias se producen porque de las disposiciones de algunas leyes, se aprecian signos de inconstitucionalidad. Para resolver esta situación, una opción es la creación de comisiones bilaterales de cooperación entre la administración general del estado y la Comunitat, una especie de mesa de trabajo conjunta que busca llegar a un acuerdo para perfilar las normas y evitar la vía del Tribunal Constitucional.

Si la negociación no fructifica en un entendimiento, la otra opción consiste en que el Gobierno central recurra directamente la ley sin intentar un diálogo, un punto que suele darse cuando los signos de inconstitucionalidad no se perciben en algunos apartados de la norma sino en la misma base sobre la que se ha creado la normativa o sobre su conjunto. Desde que PSPV y Compromís accedieron al Palau en 2015 se han creado siete comisiones bilaterales y dos leyes han sido cuestionadas directamente al alto tribunal.

Ley de senadores

La semana pasada fue admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de designación de senadores en representación de la Comunitat Valenciana. Una iniciativa impulsada por Podemos y aprobada el año pasado en Les Corts con el respaldo de PSPV y Compromís con el objetivo inmediato de forzar la salida de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. La norma ya fue aprobada con el convencimiento de que nunca podría ser aplicada y que, casi con toda probabilidad, sería tumbada por el Constitucional. De hecho, se pretendía revocar senadores de su cargo bajo el precepto de la «pérdida de confianza». Hasta Manolo Mata, portavoz del PSPV en Les Corts, admitió el pasado miércoles que existen «argumentos para que el recurso prospere» y recordó que los socialistas apoyaron a Podemos para sacar adelante la ley por «imperativo de lealtad al Botánico».

Sanidad universal

La otra norma que será analizada por el Tribunal Constitucional es el decreto por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat. Una promesa electoral que el Consell aprobó durante los primeros compases de su mandato y que podría vulnerar la competencia estatal en materia de sanidad. Este proyecto, sobre el que aún no hay una resolución, fue suspendido en noviembre de 2015 pero se levantó la suspensión en marzo del año pasado. La norma permitía el acceso al sistema a unas 30.000 personas, buena parte de ellas inmigrantes que, con la reforma estructural del Sistema Nacional de Salud por parte del PP, habían quedado sin cobertura sanitaria gratuita.

Decreto de plurilingüismo

También esta semana pasada, el Ejecutivo propuso a Vicent Marzà, conseller de Educación, la creación de una comisión para tratar de llegar a un consenso que evite acudir al alto tribunal. El asunto a tratar, la rectificación del polémico decreto de plurilingüismo que fue aprobado el 1 de septiembre. Este segundo decreto se usó para «burlar» la paralización judicial del primero. Lo que se quiere aclarar es si existía o no la necesidad de adoptar de manera urgente este segundo decreto. La intervención por parte de Íñigo Méndez de Vigo llega después de que distintos colectivos de padres y docentes, plantearan su malestar o, incluso recurrieran la norma. La rectificación se produjo el pasado viernes. Marzà reculó y ahora deja de vincularse un mayor aprendizaje del inglés a quienes opten por una formación en valenciano. Esta había sido hasta la fecha uno de los pilares sobre los que se asentaba la política del Consell.

Nueva RTVV

La ley del servicio público de radiodifusión y televisión, la norma que regula el funcionamiento de À Punt, también ha estado en el punto de mira. El Gobierno expuso sus dudas sobre dos de los artículos y una disposición transitoria. Precisamente fue esta última la más peliaguda ya que hacía referencia a las ventajas de los extrabajadores de RTVV y a las preferencias que tendrían en el proceso de selección respecto a otros candidatos, un asunto muy polémico que no ha dejado de levantar ampollas.

Pese a la rectificación, À Punt no se librará de los tribunales ya que la Unió de Periodistes ha anunciado que impugnará la bolsa de trabajo por lo que consideran que es una «discriminación» de los nuevos aspirantes frente a los extrabajadores. Los otros apartados sobre los que se mantienen reservas hacen referencia a las cláusulas sociales y medioambientales en la contratación y los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad reconocidos en la Constitución.

Leyes económicas

En el plano económico, son dos los proyectos que el Gobierno central obligó a rectificar. Así sucedió con la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2017. El Consell tuvo que dar un paso atrás en los artículos que regulaban las competencias de las administraciones locales en el sistema de servicios sociales. Del mismo modo, la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat también tuvo que ser modificada tras la comisión bilateral creada entre los dos gobiernos.

Normas sociales

Tampoco las normas que regulan aspectos sociales, vértice sobre el que el Consell estableció una de sus prioridades, también se han encontrado con escollos. En la ley de función social de la vivienda, el Ejecutivo de Rajoy discrepó en dos puntos: la necesidad de que las Administraciones tengan que garantizar este derecho y sobre el papel mediador de la conselleria en los conflictos entre bancos y particulares.

La redacción de la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión de Género, la conocida como ley trans, también fue puesta en duda. En concreto, los artículos 2.1, que hacía referencia al ámbito de actuación, y el 9, que recogía la documentación y las medidas administrativas que la Generalitat deberá adoptar para asegurar que las personas objeto de esta norma sean tratadas de acuerdo con su identidad de género.

Por último, la ley para paliar y reducir la pobreza energética, que establece medidas de ayuda a las familias que no pueden afrontar sus gastos en materia de electricidad, gas y agua, y otras para promover el cambio en los hábitos de consumo, especialmente el ahorro energético en hogares vulnerables. Una norma que también tuvo que debatirse en su propia comisión bilateral, algo que ha ocurrido también en otras comunidades autónomas.

Otras iniciativas

Otros frentes se han abierto también a raíz de los recursos contencioso administrativo de la Abogacía del Estado. En concreto han sido cuatro las actuaciones por parte del Gobierno central. Dos de ellas estuvieron centradas en las funciones de gestión de las diputaciones provinciales en materia de turismo y deporte, mientras que el resto hacía referencia a las bases reguladores de subvenciones para diferentes colectivos y los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en le Generalitat.

Además, desde el Ejecutivo central se han enviado dos cartas de colaboración con recomendaciones, una sobre el modelo lingüístico educativo valenciano y otra sobre la regulación de los servicios y el registro de prestadores de comunicación audiovisual, y dos faxes de cooperación vinculados al proyecto de ley de cooperación y desarrollo sostenible y el proyecto de ley de mancomunidades de la Comunitat.

Fotos

Vídeos