Gobierno y Consell abren la negociación sobre el decreto de plurilingüismo

Los dos ejecutivos certifican la apertura de una comisión bilateral, el órgano que tratará de evitar que la norma de Marzà acabe en el TC

F. M./J. B. VALENCIA.

El Gobierno central y el valenciano perfilan ya la negociación del decreto-ley de plurilingüismo. Los dos Ejecutivos mantuvieron una reunión hace pocas semanas que certifica la apertura de una comisión bilateral de cooperación entre ambos. Se trata del órgano que se encarga de abordar las eventuales discrepancias existentes entre ambas administraciones, en lo que a legislación se refiere. Dicho de una forma más sencilla, la comisión bilateral constituye el paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo central ya anunció a finales del pasado mes de septiembre su determinación a concretar esa comisión bilateral. Ahora, esa reunión formal con el Gobierno valenciano que da forma a la apertura de esa comisión ya es un hecho.

La decisión de las dos administraciones incluye el aviso preliminar al Tribunal Constitucional. Porque lo que se dirimirá en esa comisión bilateral es si el Consell rectifica el decreto elaborado por el departamento que dirige Vicent Marzà en los términos que plantea el Gobierno central o si, por el contrario, éste presenta un recurso ante el alto tribunal -que podría derivar además en una suspensión cautelar del citado decreto.

El decreto-ley de plurilingüismo, aprobado el pasado 1 de septiembre, sirvió para mantener parte del decreto aprobado en febrero y que fue paralizado por el TSJ valenciano. El ministerio cuestionó el nuevo decreto al dudar de los requisitos de urgencia y necesidad con los que el Consell justificó su aprobación, dado que, con el decreto de 2012 se habría podido dar respuesta al decreto suspendido por los tribunales, tal y como indicó el juez en su fallo.

El primer decreto de plurilingüismo, el de febrero, quedó suspendido en los tribunales tras sumar una decena de contenciosos en contra, pero nunca fue recurrido por el ministerio, que se limitó a pedir una serie de aclaraciones que fueron contestadas en tiempo y forma, si bien varias de las promesas de la conselleria no se han llegado a desarrollar.

Sí hubo reacción, en cambio, respecto al decreto ley de septiembre. Con esta normativa de urgencia se mantenían los programas lingüísticos del anterior decreto para 1º de Infantil, donde ingresan los niños que acceden por primera vez al sistema educativo. Marzà se justificó en que de esta manera se evitaba el caos derivado de una nueva matriculación, teniendo en cuenta que el proceso de admisión se realizó con el decreto de febrero.

Si finalmente se presenta un recurso de inconstitucionalidad y se suspende el decreto-ley, las consecuencias serían inéditas, porque obligaría a mitad de curso a rehacer aulas y se volvería a la doble línea (grupos en castellano y en valenciano), opción que no permite el decreto ley de septiembre.

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