El Gobierno central recurre el decreto del Consell para el uso del valenciano

El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. / EFE

El Estado se opone a que la Generalitat utilice la lengua autóctona para dirigirse a otras regiones y a que imponga un idioma a los contratistas

BURGUERA VALENCIA.

El Consell y el Gobierno central cuentan con un nuevo frente de batalla. No son pocos los ya existentes. La sanidad universal provocó el primer choque, al que posteriormente se sumó la convocatoria de las plazas de la nueva televisión, el plan del Ejecutivo valenciano de cargar a los ayuntamientos con la gestión de los servicios sociales y la valoración de los dependientes o la ley de vivienda. En ocasiones, es el Gobierno valenciano el que se opone a los dictados de Madrid, como aquel recurso al Tribunal Constitucional contra la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016, rechazado solo cuatro meses después de presentarse. Desde ayer, hay que sumar un nuevo elemento de desencuentro: la utilización del valenciano como lengua de especial preferencia por parte de la Generalitat tanto en su relación con otras autonomías como a la hora de establecer contrataciones públicas.

La Abogacía del Estado de la Delegación de Gobierno en la Comunitat ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 61/2017 por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de la lenguas oficiales en la Generalitat a propuesta de la Conselleria de Educación que dirige Vicent Marzà.

«Tras el análisis jurídico de dicha norma, la Abogacía del Estado entiende que se recogen preceptos problemáticos que pueden resultar contrarios a la ley y a la Constitución», anunció ayer la Delegación de Gobierno a través de un comunicado.

Entre los artículos cuestionables, según la delegación que dirige el exconseller de Hacienda Juan Carlos Moragues, están aquellos que prevén que las notificaciones, copias de documentos redactados en valenciano, y comunicaciones de la Administración de la Generalitat, que hayan de surtir efecto o estén dirigidas a «comunidades autónomas pertenecientes al mismo ámbito lingüístico que el valenciano», se redactarán en valenciano.

«Parece evidente que para que estas comunicaciones desde la Comunitat Valenciana pudieran ir redactadas en valenciano, tendrían que ser dirigidas a comunidades autónomas con la misma lengua cooficial, situación que, evidentemente, no es posible, al ser el valenciano una lengua cooficial únicamente en la Comunitat Valenciana», establece la Delegación de Gobierno.

El artículo 20 del decreto del Consell que entró en vigor el pasado mes de mayo también genera serias reservas. En dicho artículo se establecen como requisitos que deben constar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y técnicas de los contratos que aprueben los órganos de contratación, que los contratistas utilicen el valenciano en los bienes y en los servicios que son objeto del contrato, de manera especial en el etiquetado, en el embalaje, en las instrucciones de uso y en atención a la ciudadanía.

«Esto parece vulnerar el principio de libertad de circulación, el artículo 139 de la Constitución, y el principio de libertad de acceso a las licitaciones contemplado en el artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre)», considera el Gobierno.

Antes que el Ejecutivo central, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya inició un procedimiento contra el decreto. Hace una semana, el sindicato presentó recurso de reposición contra el auto del TSJCV que denegó la petición de suspensión cautelar del decreto, que reclamó CSIF por considerar que «vulnera el derecho de los empleados públicos a expresarse en la lengua oficial que deseen».

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, mostró ayer la disconformidad de su grupo con el recurso. «Es indecente la fijación que tiene el gobierno central con nuestro autogobierno», reprobó Ferri al Ejecutivo, que «sólo se acuerdan de los valencianos para recurrir las políticas que lleva adelante la Generalitat».

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