La Generalitat pide 170 años de cárcel para Blasco y otros 20 procesados por Cooperación

Blasco, junto a otros acusados en el proceso de Cooperación. / IRENE MARSILLA

La Abogacía reclama a los juzgados 8 millones por responsabilidad social, de los que tres se asocian al deterioro de la imagen de la Comunitat

EFE

valencia. La Abogacía de la Generalitat solicita más de 170 años de cárcel para los 21 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco, en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación por posibles irregularidades en subvenciones a ONG's y la construcción de un hospital en Haití que habrían cometido como «grupo criminal». Para Blasco (que ya cumple condena por la pieza 1 de ese caso) se solicita una condena de 17 años y 6 meses de cárcel. Respecto a la responsabilidad social reclamada a los procesados, se piden ocho millones de euros, de los que tres serían por el «daño moral» a la imagen de la Generalitat y el desprestigio del área de la cooperación.

En mayo, el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia acordó el procesamiento de Blasco y veinte personas más por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental, así como unir las dos piezas separadas en una causa preparada para el juicio.

Entre los procesados se encuentra la anterior cúpula de la Conselleria de Inmigración: el ex jefe de área de Solidaridad Marc Llinares; la ex secretaria general Tina Sanjuán y el ex director general José María Felip, así como el empresario César Augusto Tauroni y su hermano Arturo junto a una funcionaria de la Generalitat.

También figuran trabajadores de las empresas de Tauroni, personas vinculadas a las mercantiles que emitieron facturas falsas y responsables de evaluar y puntuar los proyectos solidarios que concurrían a las convocatorias para la obtención de subvenciones.

En su escrito presentado ante el Juzgado, la Abogacía de la Generalitat pide 22 años y 6 meses para César Augusto Tauroni, 16 años para Llinares, 13 años para Luis Castel (evaluador externo de los proyectos de Cooperación) y 9 años para Arturo Tauroni, Isabel Castillo y Rafael Barrera, entre otras condenas que suman más de 170 años de cárcel.

Además, por responsabilidad civil se pide a los procesados 8.035.942 euros, de los que 5.035.942 serían por el daño patrimonial de la causa y el resto por el citado «daño moral» pues, según recoge el escrito, «la lesión es mucho mayor para el interés general por la afección a otros derechos no patrimoniales».

«Si se reconoce una reparación 'estricta' del daño económico causado, sin indemnizar la afectación de otros intereses como la imagen institucional y el desprestigio causado en el ámbito de las ayudas a la cooperación, se genera un incentivo perverso para seguir delinquiendo», asegura la Abogacía de la Generalitat.

Las dos piezas ahora unificadas en esta causa se abrieron por presuntas irregularidades en la concesión de ayudas a los países del Tercer Mundo. Una de ellas, por las subvenciones concedidas a distintas ONG en 2009, 2010 y 2011, y la otra por el desvío de fondos para la construcción de un hospital en Haití.

Tanto la investigación por las subvenciones a las ONG como la pieza por la construcción del hospital, que comenzaron a instruirse en la Sala Civil y Penal del TSJCV, pasaron a Instrucción 21 en 2014 cuando Blasco dimitió como diputado autonómico y dejó de estar aforado ante el Alto Tribunal. Blasco, junto a otros miembros de su equipo, y Tauroni ya fueron condenados por el TSJCV a penas de prisión en la primera pieza del caso Cooperación por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo.

La Coordinadora de ONGD ha solicitado penas que suman 150 años de cárcel. En su escrito de acusación, la Coordinadora solicita ocho millones de euros en multas, y otros ocho, de los cuales la mitad son en concepto de responsabilidad civil derivada de la comisión del delito de malversación de caudales públicos y el resto de indemnización por los «daños morales» sufridos. Estos últimos deberán ser abonados por los acusados a la Generalitat para ser destinados a programas de cooperación internacional al desarrollo.

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