El fiscal denuncia un fraude de 750.000 euros con los profesores de Religión

Aula escolar en una imagen de archivo./Nacho Gallego
Aula escolar en una imagen de archivo. / Nacho Gallego

El ministerio público se querella porque Educación pagó sueldos a docentes que trabajaban para el Arzobispado

A. Rallo
A. RALLOValencia

La Fiscalía de Valencia ha presentado una querella por el pago de la nómina a 22 profesores de Religión que, en realidad, no trabajaban en los centros educativos sino en el Arzobispado de Valencia. Los docentes disponían de una comisión de servicio para desarrollar su tarea en el órgano eclesiástico. Pero ese instrumento, la comisión de servicios, sólo se puede aplicar entre las diferentes administraciones. Por tanto, no existiría base legal para ese trasvase de trabajadores.

El ministerio público cifra en unos 750.000 euros el dinero supuestamente malversado. Esta cifra se obtendría de las cantidades que se abonaron a los docentes sin prestar un servicio a la Conselleria de Educación. Por otro lado, esa derivación de personal supuso la contratación de otros 22 profesionales para que desempeñaran la labor que supuestamente debieron hacer los primeros. Sostiene que los hechos pueden constituir un delito de prevaricación, malversación y fraude a la Administración. La querella se presentó ayer en el decanato de los juzgados de Valencia. Todavía no ha llegado a ninguno de los juzgados de Instrucción. Responsables de la Conselleria y del Arzobispado podrían verse salpicados. De momento, sólo se ha denunciado el ejercicio 2014-2015. No se descarta que se amplíe el periodo si se detectan más irregularidades.

La denuncia fue presentada en su día por Compromís. La diputada autonómica Isaura Navarro llevó el asunto a la Fiscalía al considerar delictiva esta actuación. El ministerio público aprecia, por el momento, indicios delictivos al presentar la querella. Los responsables de la Conselleria -dirigida entonces por la ‘popular’ María José Català- formularon un borrador de decreto en el que apuntaban que el personal asesor técnico docente podría derivarse y prestar servicios en otras administraciones públicas o en las diócesis, un hecho que la Abogacía de la Generalitat calificó de «cesión ilegal de trabajadores». Esto obligó a la ‘repesca’ de estos profesionales.

La exconsellera María José Català quiso explicar ayer esta situación. Aseguró que los empleados volvieron antes de que la Abogacía emitiera su informe negativo. Lo hicieron de forma preventiva mientras se terminaba la redacción definitiva del borrador.

De igual modo, quiso recordar que fue el PP el que impulsó el expediente completo de la regularización de los puestos de asesores para dar cobertura legal a este sistema, heredado de la etapa del PSPV. «La regularización procedimental se hizo antes de cualquier denuncia (de Compromís) y por parte del gobierno del Partido Popular», según la responsable.

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