La fiscalía se plantea abrir otra causa contra Camps tras la confesión de Costa

Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que analizarán la declaración incriminatoria del exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, acusado por dos delitos electorales y uno de falsedad documental. Costa, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, atribuyó a Camps y a Juan Cotino, expresidente de las Cortes valencianas y exdirector general de la Policía, el control del sistema de financiación irregular del partido.

Este consistía en que parte de los gastos electorales de las campañas de 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (generales) fueron asumidos por nueve empresarios contratistas con la Administración autonómica. En su mayoría se trata de constructores ahora arrepentidos para no entrar en prisión, que llegaron a poner de su bolsillo 1,2 millones de euros para pagar actos del PP.

Camps no ha sido acusado en ningún momento en esta pieza del 'caso Gürtel', por lo que los ilícitos que ahora se juzgan estarían prescritos para él. Tanto el delito electoral (cinco años) como la falsedad documental (tres). Sin embargo, sí seguiría vigente el delito de malversación por la campaña de 2008, en el caso que los citados empresarios admitieran que a cambio de hacer pagos en B al partido recibieron contratos de obras amañados de la Generalitat. Si se diera esta circunstancia, Anticorrupción pediría la apertura de una nueva pieza por presunta malversación, delito que prescribe a los diez años.

Costa apuntó que fue Camps quien decidió contratar con Orange Market, filial valenciana del grupo de Francisco Correa, para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. Por estos eventos la empresa controlada por Álvaro Pérez, 'el Bigotes', recibió 3,4 millones, de los cuales dos millones fueron aportados por el PP y el resto de la deuda por los empresarios contratistas con «dinero negro».

Camps está citado para testificar, a petición de las defensas, el 7 de marzo. En su calidad de testigo tiene obligación de decir la verdad sobre el sistema de financiación del partido que presidía si no quiere incurrir en un delito de falso testimonio.

«Soy militante del PP»

Camps, de 55 años, aseguró ayer en Onda Cero que la financiación fue «correctísima», como certificaron las auditorias y el Tribunal de Cuentas, y que cuando se instruyeron los hechos nadie le citó «ni como testigo». «Todo el mundo dijo lo contrario a lo que está diciendo ahora». El expresidente desmintió a Costa y recalcó que no dio «indicación a nadie para decirle que pagara de ninguna forma ilegal» ni para el partido ni «obviamente» para él, puesto que «después de años de radiografía todo el mundo ha visto que lo que tengo es mi casa y punto».

Reconoció la «sorpresa» que le causó la declaración de Costa, con el que comió de forma reciente durante más de cuatro horas, junto a exconsejeros y exdiputados, en la que «en ningún momento se dijo nada» de lo que se oyó en el juicio. En cuanto a las palabras de Mariano Rajoy sobre su situación en el PP, comentó: «Soy militante y tenga o no carné seguiré siendo del PP porque soy un convencido de España».

Ayer también declaró en la vista oral como acusada la exgerente del PP de la Comunidad Valenciana Cristina Ibáñez, que se desmarcó de la financiación irregular. «Si alguien la montó, no fui yo», aseguró.