La Fiscalía pide al Supremo que eleve la condena a Urdangarin a 14 años y medio

Iñaki Urdangarin. / Afp

Además, pide que se condene a cinco años y medio de prisión a dos de los acusados en la rama valenciana del caso Nóos que fueron absueltos

LAS PROVINCIAS
LAS PROVINCIAS

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado hoy recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Baleares en el caso Nóos, en la que pide incrementar la pena a Iñaki Urdangarin a 14 años y medio de cárcel.

La Audiencia de Palma le condenó a 6 años y 3 meses de prisión, pero la Fiscalía solicita un agravamiento de la misma en 8 años y 3 meses.

El mayor incremento responde a la petición de 5 años de prisión al entender que se le debió condenar no solo por la organización del Forum Illes Balears de 2006, sino también por el de 2005, "cuando existió un ilícito apoderamiento de fondos por dos de los acusados", es decir Urdangarin y su exsocio Diego Torres, lo que constituye otro delito de malversación.

MÁS INFORMACIÓN

Además, respecto al Forum de 2006, pide que se agrave su condena por el delito de prevaricación en concurso medial con un delito de falsedad en documento público y con un delito de malversación de caudales públicos de 2 años y 8 meses a 4 años y 6 meses.

La fiscal María Ángeles Garrido cree que el delito de fraude a la administración por el que se le condenó a 7 meses de cárcel debe ser castigado con dos años de prisión.

Y solicita que se le mantenga la condena a un año de prisión por tráfico de influencias y de otro año por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública por los que fue condenado.

Rama valenciana

La fiscal del Supremo pide que se condene a cinco años y medio de prisión a Jorge Vela y a Elisa Maldonado, dos de los acusados en la rama valenciana del caso Nóos que fueron absueltos por la Audiencia de Palma, al considerar que cometieron delitos continuados de falsedad en concurso con prevaricación.

Jorge Vela fue director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) entre 2005 y 2009, y Elisa Maldonado responsable jurídica de esa empresa pública propiedad de la Generalitat.

Además, la fiscal, en su recurso presentado hoy, pide que se condene al exsecretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, y al director de CACSA entre 2002 y 2005, José Manuel Aguilar, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación sin continuidad.

Los cuatro, al igual que el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, fueron absueltos por la Audiencia de Palma de acusaciones que iban hasta los once años de prisión. El recurso de la fiscal no afecta a Alfonso Grau.

A los cuatro les acusa de resolver la firma de tres convenios entre la Generalitat y los gestores del Instituto Nóos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres, "prescindiendo plenamente de las normas de procedimiento que regulan los contratos celebrados".

Así, la fiscal indica que tanto el convenio de 2004 para la celebración de la primera cumbre Valencia Summit, como las adendas de 2005 y 2006 para nuevas ediciones, se firmaron por Jorge Vela con el visto bueno de Luis Lobón y el informe jurídico de Maldonado, pero sin publicidad ni concurrencia.

A su juicio, los cuatro acusados conocían que la decisión de contratar con el Instituto Nóos era "injusta" y "arbitraria", por no obedecer a razones de objetiva capacidad ni criterios reglados de selección, y además la mantuvieron incluso después de las advertencias de la Sindicatura de Comptes en su informe de 2005.

Además, a Vela y Maldonado les imputa la falsificación de tres informes que justificarían por qué se contrató con Nóos sin los principios de concurso y de publicidad, que se elaboraron tras celebrarse los convenios y con el fin de dotar "a la decisión arbitraria de un ropaje de legalidad".

La fiscal indica que Maldonado, con el "expreso acuerdo" y a petición de Vela, elaboró los informes en los que se "trataba de avalar" la legalidad de los convenios de 2004, 2005 y 2006, pese a que no concurría ninguno de los requisitos para ello y se había omitido "todo procedimiento administrativo".

La fiscal destaca de ambos "la conciencia de la alteración de la verdad, con modificación de todas las fechas y la unión al expediente con posterioridad a la contratación, incluso a los pagos".

Por ello pide condenar a ambos como autores de un delito continuado de falsedad en concurso con un delito continuado de prevaricación, con una pena de cinco años y medio de prisión, una pena de 22 meses de multa y una pena de cuatro años y medio de inhabilitación.

Fotos

Vídeos