La fiscalía pide seis años de cárcel para Marisa Gracia y dos exdirectivos de FGV

El magistrado investiga un posible amaño en la adjudicación de un contrato de seguridad por valor de 864.000 euros

AGENCIAS

Valencia. La Fiscalía Provincial de Valencia reclama una pena de seis años de prisión para la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Marisa Gracia y otros dos exdirectivos de esta empresa pública por el presunto amaño de la adjudicación de un contrato de seguridad por valor de 846.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación, el Ministerio Público pide idéntica pena por los delitos de falsedad documental y prevaricación para el exdirector de Explotación de FGV Vicente Contreras y el de Operaciones Manuel Sansano. Los tres constan también como investigados en la causa abierta por el accidente de Metrovalencia del 3 de julio de 2006, en el que murieron 43 personas. Sin embargo, este caso de amaño de contratos no guarda ninguna relación con el del accidente de metro.

El contrato que, según el relato del fiscal, amañaron entre los tres procesados salió a licitación en 2006 y se adjudicó en 2007 y estuvo orientado a la prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias de FGV en la provincia de Valencia. Este contrato fue adjudicado por Marisa Gracia a la firma MED seguridad «tras dar orden a Sansano y Contreras para que modificaran la propuesta de adjudicación que había realizado Arturo Rocher, entonces jefe de Seguridad, con la finalidad de que dicha empresa resultase beneficiada por voluntad de Gracia sin atender a los criterios técnicos administrativos fijados por el funcionario nombrado a tal efecto», siempre según el fiscal.

Uno de los directivos habría ordenado modificar las puntuaciones obtenidas por las firmas finalistas El ministerio público ve posibles delitos de falsedad y prevaricación en los tres acusados

Al parecer, Gracia ordenó que se modificasen las puntuaciones obtenidas por las tres firmas concurrentes (MED había quedado tercera en función de la valoración realizada por Rocher). Rocher se fue de vacaciones el 15 de junio de 2007 y dejó su propuesta al director de Contratación de la empresa, pero al regresar comprobó que se había alterado la puntuación de las empresas concurrentes. Al pedir explicaciones a Sansano y Contreras, estos le dijeron que habían seguido instrucciones de Gracia, detalla el fiscal en su escrito.

En una reunión con Contreras, Rocher obtuvo el documento donde se habían realizado a mano las modificaciones de sus puntuaciones, de forma que resultase adjudicataria la empresa deseada por la gerente. El documento que finalmente fue elevado a la mesa de contratación en junio de 2007 tenia las puntuaciones y modificaciones que habían resultado de la orden de Gracia y la alteración ejecutada por Contreras y Sansano. En el proceso de estas modificaciones introducidas por los exdirectivos, Sansano citó a Rocher para que firmase un documento de valoración de propuestas con la fecha modificada pero «sin las tres últimas hojas, que fueron sustituidas por tres folios en blanco», según Fiscalía. Esto fue debido, según indicó Sanasano a Rocher a que no habían sido impresos «por problemas de la impresora».

Estos tres últimos folios, según detalla el Fiscal en su escrito de acusación, eran los correspondientes a las puntuaciones finales obtenidas por cada firma y las conclusiones donde se designaba a las empresas con mejor valoración. Tras la alteración de este informe, el hijo de Marisa Gracia, José Folgado Gracia, estuvo trabajando en Med Seguridad entre el 9 y 17 de julio de 2007, 9 y 14 de agosto de 2007 y 10 y 19 de septiembre de 2007. El fiscal considera a Gracia inductora del delito de falsedad y autora del de prevaricación; a Contreras lo ve autor del delito de falsedad y cooperador del delito de prevaricación; y a Sansano, cooperador necesario en ambos delitos. Además de la citada pena de seis años, reclama una multa de 21.600 euros para cada uno de los procesados y su inhabilitación como cargo público durante 6 años.

El juzgado tuvo que reabrir esta causa después de que la Audiencia se lo ordenase al ver que podían haber indicios de delito. El juzgado de instrucción había archivado el procedimiento a finales de octubre de 2017 y frente a esta decisión, tanto la Fiscalía como el denunciante, un exjefe de seguridad de Metrovalencia, presentaron un recurso. La Audiencia, tras estudiarlos, decidió estimarlos e instó al juzgado a seguir con la causa.

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