Fiscalía pide que declare como investigado al alcalde de Riba-roja por amañar un contrato

La petición se ha registrado tras la denuncia presentada por Podemos en la que le acusaban de amañar un contrato de consultoría y asesoría jurídica

EUROPA PRESS

Fiscalía ha solicitado este viernes que se tome declaración en calidad de investigado al alcalde de Riba-roja (Valencia), Roberto Raga, y otras tres personas tras la denuncia presentada por Podemos en la que le acusaban de amañar un contrato de consultoría y asesoría jurídica.

La Fiscalía ha realizado esta petición en un decreto tras la denuncia que apunta a un posible delito de prevaricación y fraudes al detectar suficientes indicios de haber un concierto entre las tres empresas propuestas y la alcaldía para lograr la adjudicación del servicio al antiguo prestatario del servicio por lo que además de Raga, cita también a los representantes de las firmas participantes en el proceso.

Estos hechos fueron denunciados ante Fiscalía en mayo por los tres concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Riba-roja, acompañados del entonces síndic del grupo parlamentario y secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, por considerar la existencia de un presunto amaño de contrato de asesoría jurídica municipal.

Los ediles presentaron un dossier de más de 80 páginas "con las pruebas de un presunto amaño en la adjudicación del contrato de asesoría jurídica municipal" tras "varios meses" detrás del asunto sin haber obtenido las "pruebas definitivas" que finalmente lograron.

El consistorio de Riba-roja justifico entonces que dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria "avalan plenamente el proceso de contratación pública de la asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo así como la defensa en juicio de procedimientos de orden civil y mercantil".

Señaló que los dictámenes municipales establecían que el consistorio "aplicó el procedimiento establecido para la adjudicación de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público", según relató en un comunicao al concer la denuncia.

"Se presentaron tres ofertas y finalmente se adjudicó la de menor cuantía de ellas por un importe de 53.640 euros para un periodo total de tres años, a razón de 21.780 euros anuales, impuestos incluidos".

Podemos tras conocer la decisión de la Fiscaía ha subrayado en un comunicado la responsabilidad de sus concejales en comunicar a la Justicia cualquier hecho que consideren delictivo y relata que su actitud "siempre va a ser implacable contra cualquier indicio de corrupción, venga de donde venga".

En este sentido ha indicado que en ningún caso van a aceptar que se siga gobernando como lo hacía el PP, "desde la prepotencia y sin transparencia. El Alcalde socialista ha dado pruebas desde el inicio de legislatura de comportarse de la misma forma que se comportó el PP en esta localidad, haciéndolo con prepotencia y oscurantismo", ha apuntado.

La labor de control del gobierno de los concejales de Podemos en este municipio ha detectado, además de este, otros casos de comportamientos y decisiones que andan 'jugando' con la legalidad, por parte de este gobierno y que pronto también serán denunciados, según ha anunciado.

Ante esta situación ha señalado que cuando el secretario general del PSPV, Ximo Puig, nombró a Robert Raga responsable de transparencia del partido, en Podemos Riba-roja les pareció una "broma", y ahora se preguntan: "¿cuánto tiempo más va a mantener a un imputado por prevaricación y fraudes como responsable de transparencia de su partido y como alcalde de una localidad como Riba-roja de Túria?".

Los concejales de Podemos lamentan la actitud de los concejales de Compromís y EU, que en cuatro meses "ni siquiera" se han dirigido a ellos para pedirles las pruebas que tenían y sin embargo sí que han tenido tiempo para hacer "escritos difamatorios" contra ellos, poniéndose del lado del Alcalde, por lo que piden a sus colectivos que tomen decisiones al respecto, "visto que estos están abducidos o quizás maniatados para la toma de decisiones acordes a los principios que defienden sus formaciones políticas".

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