La fiscalía también investiga a Marzà y Alcaraz por fraccionar contratos

Vicent Marzà. / manuel molines
Vicent Marzà. / manuel molines

El PP denuncia a los dos consellers por el mismo motivo por el que ya llevó al juzgado a la vicepresidenta Oltra

REDACCIÓN VALENCIA.

La Fiscalía de Valencia investiga a los consellers de Educación, Vicent Marzà, y Transparencia, Manuel Alcaraz, por supuesto fraccionamiento de contratos en sus respectivos departamentos. La denuncia la presentó el PP valenciano y se suma a la que esta misma formación también presentó contra la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas inclusivas, Mónica Oltra, por fraccionamiento de contratos y pagos a través de expedientes de enriquecimiento injusto.

La denuncia de los populares -un único escrito que incluye a los dos consellers- detecta un posible fraccionamiento de contratos en diversos gastos de ambos departamentos. En el caso del titular de Educación, esos pagos se habrían realizado con motivo de la 'Primavera Educativa', unas jornadas organizadas en mayo de 2016 por ese departamento y que durante tres días sirvió, en palabras del propio Marzà, para «poner Valencia en el centro de la dignificación de la educación» creando un espacio para «compartir las buenas experiencias» y los «proyectos innovadores» que se dan en los centros educativos valencianos.

Según el PPCV, se observan «numerosos y flagrantes incumplimientos del procedimiento y de los requisitos legales en la contratación» de las actividades, «efectuados con la única finalidad de adjudicar arbitrariamente determinados contratos y efectuar pagos de la misma forma arbitraria, cinematográficas, equipos, sonido, pantallas y ordenador». Y apunta se han podido pagar duplicadamente servicios.

El PP presentó la denuncia contra ambos consellers a finales del pasado mes de diciembre Fiscalía ha pedido a los dos departamentos copia de los contratos suscritos para las actividades investigadas

Por lo que respecta a Transparencia, los gastos denunciados afectan al proyecto 'Objetivos de Desarrollo del Milenio' (ODS), unas charlas organizadas por la conselleria de Alcaraz en los centros educativos de la Comunitat. En este caso, el PPCV señala que, según su conocimiento, se realizaron «al menos» cuatro contratos por importe global de 58.212 euros que, pese a estar destinados a un objeto único, «fueron fraccionados evitando así procedimientos más exigentes y un mayor grado de fiscalización», informa Europa Press.

El fraccionamiento de contratos utilizando la figura del contrato menor es un recurso frecuente para evitar la aplicación de los principios básicos de la contratación pública recogidos en la normativa. El contrato menor -el que tiene un límite económico máximo de 18.000 euros- tiene por finalidad satisfacer de forma rápida aquellas necesidades de la administración pública de escasa cuantía y duración temporal. La legislación contractual no permite el fraccionamiento del contrato «con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan»; así se dispone en el artículo 86. 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Fiscalía de Valencia ya ha pedido a las consellerias de Educación y Transparencia que le remitan una copia autenticada de todos los contratos suscritos en relación a las actividades Primavera Educativa y Objetivos del Milenio. La petición de la Fiscalía, que ha llegado a ambos departamentos de la administración valenciana esta misma semana, solicita, además de esa copia, la de cualquier informe de Intervención, inspección o control posterior de esos contratos.

El PPCV, mediante una denuncia formulada por la diputada Eva Ortiz de finales de diciembre del pasado año, comunicó a Fiscalía hechos que consideraba que podían ser constitutivos de prevaricación y pedía al ministerio público la declaración de los funcionarios que hubieran tenido participación directa en estos contratos y de cuatro altos cargos a quien atribuye la responsabilidad directa: el director general de Cooperación, Federico Buyolo; el de Política Lingüística, Rubén Trenzano, y los consellers Manuel Alcaraz y Vicent Marzà.

La Conselleria de Educación niega todos los extremos de la denuncia y alega que no hay fraccionamiento de contratos, que se confunde la 'Primavera Educativa' con otras actuaciones de su departamento. Además, argumenta que la suma de los contratos que se consideran fraccionados no superan «en ningún caso» las cuantías de un contrato menor.

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