La fiscalía eleva a 20 años la pena de prisión para Crespo por el caso Emarsa

El exvicepresidente de la Diputación Enrique Crespo. / jesús signes
El exvicepresidente de la Diputación Enrique Crespo. / jesús signes

La acusación también reclama 24 años de cárcel al exgerente Esteban Cuesta

A. RALLO

valencia. La Fiscalía de Valencia ha elevado las penas de prisión para dos de los cabecillas de la trama de saqueo de la depuradora de Pinedo. El ministerio público adelantó ayer a las partes su escrito de conclusiones definitivas. El documento incorpora importantes novedades, una vez analizado el contenido de cinco meses de juicio. Dos son los grandes perjudicados de la nueva interpretación de los delitos que realiza la Fiscalía. Por un lado, Enrique Crespo. El que fuera presidente de Emarsa y de la Emshi -el órgano que controlaba la planta- y vicepresidente de la Diputación de Valencia ve como su horizonte se complica. La fiscalía eleva la petición de pena y de los 14 años iniciales ahora se sitúa en 20 años de prisión.

La clave de esta nueva calificación reside en separar los delitos que se cometieron en la planta depuradora (Emarsa) y los de la Epsar, la entidad dependiente de la Generalitat que financiaba a la depuradora de Pinedo. Ahora a Crespo se le acusa de prevaricación, falsedad documental en concurso con una malversación agravada tanto en Emarsa como en la Epsar. Por cada uno de los ilícitos se le solicitan diez años de cárcel.

El gerente Esteban Cuesta, el arrepentido que ofreció entrevistas en televisión para reconocer su participación en la trama, ha terminado el juicio siendo el acusado que se enfrenta a más pena. En su caso, aparte de los mismos delitos atribuidos a su compañero Crespo, se le añade el cohecho y la falsedad por las obras y servicios ficticios que se facturaron desde la planta a cambio de cobrar una comisión. En esta parte del fraude colaboró activamente Sebastián García, conocido como Chanín, el informático de la planta.

Uno de los beneficiados por las modificaciones que ha introducido la acusación es José Juan Morenilla, el alto cargo de la Generalitat que ahora se enfrenta a diez años de prisión frente a los 14 del escrito inicial. Para su compañero y cabecilla, Ignacio Bernácer, que pactó con la Fiscalía y admitió los delitos, únicamente se solicitan tres años y medio de cárcel.

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