La fiscalía baraja citar a Costa como testigo en los casos Imelsa y Taula

Costa camina de la mano de su pareja junto al abogado. / efe
Costa camina de la mano de su pareja junto al abogado. / efe

El exsecretario del PP podría tener información de la campaña del PP de 2007 y del cobro de comisiones en Ciegsa

A. Rallo
A. RALLOValencia

La confesión de Ricardo Costa en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional ha mostrado el detallado conocimiento que tenía sobre la estructura y funcionamiento de las finanzas en negro del Partido Popular. Su testimonio puede complicar el futuro judicial del que fuera su presidente Francisco Camps, pero del mismo modo puede servir para apuntalar las investigaciones que hoy en día se siguen en el juzgado de Instrucción número 18: los casos Imelsa y Taula.

La voluntad de Ricardo Costa, al parecer, se orientaría a una colaboración total con los investigadores para tratar de aminorar su pena. Esta disposición es la que lleva a la Fiscalía Anticorrupción a plantearse su citación -como testigo- en dos de los asuntos que se tramitan en este órgano.

El primero sería el delito electoral y el blanqueo que se analiza en la pieza en la que están investigados cerca de medio centenar de personas, entre concejales, exasesores y personas vinculadas al PP. Ricardo Costa fue secretario del PPCV (2007-2009). Una de las últimas vías de la investigación es precisamente la financiación ilegal en los comicios de 2007 a través de la empresa Laterne, la agencia de comunicación del PP que dirigía un amigo de Alfonso Grau.

Laterne organizó la campaña local de 2007 y existen sospechas de que el PP conocía la operativa

La posición de Costa quizá le permitió conocer la mecánica que seguía la agrupación local y si es cierto, tal y como apuntan determinados indicios que constan en la causa, que la dirección regional conocía la actuación delictiva para sufragar las campañas de Rita Barberá.

El PP, como persona jurídica, está investigado en esta pieza porque desde Génova no establecieron medidas efectivas de control para evitar estas prácticas. Pero, además, tal y como sostuvo en su día la exsecreatria del PP Mari Carmen García-Fuster, desde la cuenta opaca del Grupo Municipal se hicieron periódicas transferencias de 1.500 euros a una cuenta 'oficial' del PP.

El juzgado sigue practicando diligencias en esta pieza. Recientemente acordó la declaración como investigada de la edil Beatriz Simón por su presidencia de la Fundación Fivec. La Guardia Civil sospecha que, aparte de las comisiones de los grandes contratistas del Ayuntamiento -método idéntico al del PP autonómico- también se nutrió de fondos a la agencia de comunicación a través de fundaciones dependientes directamente del Consistorio. Por ejemplo, desde Turismo Valencia se llegaron a inyectar 600.000 euros.

Pero no sólo en este apartado de la investigación podría el exdirigente popular aportar datos significativos. La fiscalía cree que su papel se prevé relevante para aclarar esa supuesta lucha entre diferentes clanes del PP por el cobro de comisiones. En este sentido, hay que recordar que las grabaciones que durante años realizó el exgerente de Imelsa Marcos Benavent con destacados cargos populares sugieren el cobro de mordidas por la adjudicación de colegios desde la empresa pública Ciegsa. Esta sería, según las pesquisas, una de las principales fuentes de financiación ilegal. El trabajo de la UCO recoge la existencia de una guerra abierta entre la Generalitat y la Diputación, por la que ambas instituciones se disputaban la resolución de concursos por parte de Ciegsa. ¿El motivo? La cúpula regional del PP, de un lado, y la provincial, del otro, pugnaban para que empresas afines se llevaran esas adjudicaciones, porque cada una de ellas aportaba la consiguiente comisión a uno de esos dos órganos del partido.

El informe de la UCO -no se han aportado nuevos indicios al respecto desde hace más de un año- asume esa tesis gracias, entre otros argumentos, a la declaración de Benavent. Según señala en uno de sus testimonios, «existían intereses cruzados en relación a las adjudicaciones y a las comisiones. Que tras toda adjudicación había una comisión», indicó.

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