El fiscal pide prorrogar la causa al PP de Valencia por blanqueo otro año y medio más

La comisión de investigación del Ayuntamiento de Valencia./Damián Torres
La comisión de investigación del Ayuntamiento de Valencia. / Damián Torres

Anticorrupción afirma que está pendiente de informes de la UCO que supondrán la práctica de más diligencias

A. Rallo
A. RALLOValencia

Anticorrupción ha pedido al juzgado que investiga el blanqueo de 50.000 euros por parte del Grupo Municipal del PP y la financiación ilegal de la formación que prorrogue las pesquisas otros 18 meses. La causa fue declarada en su día compleja, como casi todos los asuntos que lleva la Fiscalía Anticorrupción. Por tanto, de entrada contaba con un periodo de instrucción de 18 meses. De momento, la Fiscalía ha pedido la prórroga de 18 meses. Es lo habitual. Hay que tener en cuenta que, ante la incertidumbre sobre cuándo terminarán las pesquisas, resulta lógico pedir la ampliación por el mayor plazo posible. Será el juez instructor quien lo concrete.

Una causa se puede declarar compleja siempre que las pesquisas afecten a numerosos investigados, si son necesarias periciales o informes complejos o si se incluyen organizaciones criminales, entre otros motivos. El problema es que la ley no concreta en qué supuestos sería admisible un periodo extra de investigación. Los jueces son conscientes de esta laguna. En varias Juntas han planteado este inconveniente a la Audiencia. Temen que cada sección mantenga criterios diferentes acerca de las prórrogas y, en algunos casos incluso se rechacen. Los magistrados planean reunirse para unificar posturas en estos supuestos.

El periodo -en caso de que lo aceptara el juez y finalmente no se agotara con anterioridad- llevaría la instrucción casi hasta la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Un escenario temido por la nueva dirección regional del PP. Sería una tarjeta de presentación que, sin duda, lastraría las opciones del Partido Popular al presentarse a unos comicios con este controvertido asunto todavía vivo. Ofrecería un motivo de ataque fácil para cualquier oposición. Sólo un horizonte generaría mayores problemas: que las elecciones llegaran con el más que probable juicio en marcha.

El periodo actual de la investigación termina el próximo 15 de agosto. Pero el fiscal ha decidido adelantarse en su petición y solicitar la medida antes de que venza el plazo. En su escrito anuncia que están pendientes de practicarse diligencias y a la espera de informes policiales. En concreto, el dosier abarcaría las contrataciones del Grupo Municipal del PP. Todo hace pensar que se trata de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre la agencia de comunicación Laterne.

Los investigadores sospechan que el PP utilizó esa firma para canalizar las donaciones para pagar la campaña por parte de empresarios beneficiados con adjudicaciones públicas. Como principal sospechoso de esta operativa aparece el exvicealcalde Alfonso Grau, acusado precisamente por quien fuera su mano derecha, el exasesor Jesús Gordillo. Este último ha confesado en el juzgado que pagó actos electorales del PP con 350.000 euros que supuestamente le entregó Grau. Esto se produjo supuestamente durante las elecciones de 2007.

La ampliación de las pesquisas podría mantener el caso vivo hasta las elecciones

La misma actividad delictiva, pero con un mecanismo diferente, se extendió hasta los siguientes comicios, los de 2011. La UCO ha detectado significativos ingresos en efectivo en la cuenta opaca del PP sin justificación. Tal y como en su día declaró la exsecretaria del Grupo Municipal, Mari Carmen García-Fuster, el exvicealcalde se encargaba de recoger dinero de donantes anónimos que no querían figurar como colaboradores del Partido Popular. En este periodo se investiga también a la agencia Trasgos, que organizó la campaña del PP.

El otro delito de esta misma pieza es el presunto blanqueo de 50.000 euros por parte del Grupo Municipal. Casi 50 personas, entre ellas el PP como partido político, se encuentran investigados. La estrategia diseñada por la dirección de Valencia fue la donación de 1.000 euros al partido a cambio de reembolsar la aportación con dos billetes de 500 euros en efectivo.

La operativa se destapó a raíz del pinchazo telefónica a la exconcejal de Cultura, María José Alcón. En una intervención, cuya espontaneidad y validez han sido puestas en duda por varias defensas, revela a su hijo cómo se blanqueaba dinero B en el partido. Desde entonces, la investigación derivó en una cascada de imputaciones.

Fuentes judiciales no dudan de que finalmente se abrirá juicio oral por estos hechos. Pero nadie se atreve a poner fecha. Cualquier cálculo en este sentido resulta una mera hipótesis. La Fiscalía sostiene que hay indicios más que suficientes para sentar a todos los concejales del PP y los asesores en el banquillo. A su favor contaría con la existencia de un anónimo, dos personas que admiten la donación y el reintegro y otras cuatro -testigos en este caso- a quienes se les propuso el plan, pero decidieron no participar al pensar que podía tratarse de un supuesto. Además, los investigadores disponen de las cuentas bancarias de los imputados. En algunos de los casos existen ingresos en los días posteriores a la donación o incluso en los anteriores de los que no existe un explicación convincente. Algunas de las justificaciones que dieron los concejales resultan de lo más peregrinas, a juicio de los investigadores. Por ejemplo, la de Alfonso Novo, que dijo que un ingreso de 750 euros respondía al contenido de una hucha.

En la misma pieza también se investiga la financiación ilegal del PP en tres procesos electorales

Por el momento, el único de los investigados que ha conseguido un sobreseimiento de su causa es Miquel Domínguez, diputado autonómico del PP. El TSJ archivó el procedimiento al considerar que no existían indicios suficientes para mantener la imputación por blanqueo. Sin embargo, la causa se envió al TSJ cuando la investigación se encontraba en una fase inicial. Ahora que las pesquisas están más avanzadas, el asunto podría regresar de nuevo a la Sala de lo Civil y Penal. El TSJ podría asumir sólo esta parte o quizá toda la causa. En ese supuesto, el juicio se celebraría en el alto tribunal siempre que Miquel Domínguez se mantuviera como aforado.

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