El fiscal pide que procesen a la exgerente de FGV por amañar los contratos de seguridad

El ministerio público considera que se han practicado ya todas las diligencias necesarias y existen suficientes indicios para seguir con el procedimiento. Por este motivo, ha solicitado que se incoe el auto de procedimiento abreviado, una resolución que recoge los indicios de criminalidad y las personas que han intervenido. Equivale al auto de procesamiento de otro tipo de procedimientos y pone punto y final a la instrucción. De igual modo, este escrito supone dar traslado a la Fiscalía para que elabore su escrito de acusación.

Este sería el único asunto que podría llegar a juicio de toda la ristra de actividades delictivas que en su día denunció el exjefe de seguridad de FGV, Arturo Rocher. La acusación sostiene que Gracia y otros dos directivos, que también figuran como investigados en la causa, alteraron los informes técnicos que había elaborado Rocher con el objetivo de adjudicar los contratos de vigilancia a dos mercantiles. Las modificaciones no fueron banales. Se alteró presuntamente la puntuación de las empresas así como su posición en el listado. Finalmente, las dos mercantiles se vieron beneficiadas y se llevaron varios de los contratos, cerca de 17 millones de euros. Los hechos se remontan a 2007, un año después del accidente de metro que costó la vida 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

El juzgado también analizaba si FGV dejó de cobrar, por orden de los investigados, determinadas penalizaciones por el incumplimiento de algunos requisitos que se establecían en el contrato. Pero las sospechas sobre esta irregularidad se han despejado. Las pesquisas han permitido aclarar que FGV sí cumplió con sus obligaciones.

Ahora, la decisión se encuentra en manos de la titular del juzgado, que podría acoger la petición del fiscal u optar por el archivo. Esto último fue lo que hizo, por ejemplo, con la pieza separada que rastreaba el supuesto fraccionamiento de contratos por parte de la responsable. La Audiencia de Valencia ratificó recientemente el sobreseimiento de esas actuaciones, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS. Se trataba de la supuesta división de contratos a favor de tres mercantiles. Entre ellas, se encontraba la firma HM&Sanchis, una consultora que elaboró un documento con recomendaciones sobre los contenidos a tratar durante las comparecencias de los directivos en Les Corts.

La Sala respaldó los argumentos de la instructora para cerrar el caso. La Intervención de la Generalitat había elaborado un informe en el que descartaba una actuación fraudulenta por parte de la exgerente de FGV. Este asunto partió de una denuncia de Mónica Oltra.