Un fiscal Anticorrupción asume las diligencias contra Oltra por fraccionar contratos

Uno de los fiscales Anticorrupción, a la entrada del Tribunal Superior de Justicia. / irene marsilla
Uno de los fiscales Anticorrupción, a la entrada del Tribunal Superior de Justicia. / irene marsilla

El responsable del ministerio público, el mismo que dirige las causas contra Camps, decidirá si la actuación de la consellera es delictiva

A. RALLO

valencia. Uno de los fiscales Anticorrupción de Valencia, Vicente Torres, ha asumido las diligencias abiertas contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Conselleria de Igualdad y la práctica reiterada de los procedimientos de enriquecimiento injusto. El responsable del ministerio público ha llevado las pesquisas de los asuntos más mediáticos que han entrado en fiscalía en los últimos años, como las dos causas que se siguen contra Francisco Camps, ambas relacionadas con el evento de la Fórmula 1, o el fallido intento de denuncia a la exalcaldesa Rita Barberá por supuestos gastos de representación sin justificación a su cargo.

No es la primera vez que sobre la mesa cae un expediente relacionado con la actuación de una figura de la izquierda valenciana. También estudió la denuncia contra el alcalde de Valencia, Joan Ribó, por el desplazamiento a un encuentro bautizado como alcaldes del cambio, que parecía más un acto de partido que de políticas locales. Acabó archivándolo. No se trata de un asunto especialmente complejo comparado con las materias que asumen normalmente los fiscales Anticorrupción. La denuncia del PP se centra en un posible delito de prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución administrativa injusta. Pero no inciden en malversación, tráfico de influencias o falsedades, delitos asociados a los principales casos de corrupción que se han seguido en los últimos años. Sólo la relevancia de los posibles investigados, la vicepresidenta del Consell y el mismo presidente de la Generalitat, Ximo Puig, parece justificar que sea el fiscal Anticorrupción el que se hace cargo.

El responsable de las diligencias todavía no ha dado ningún paso para impulsar la investigación como podía ser, por ejemplo, la solicitud de documentación a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Dispone de un primer plazo de seis meses para analizar el asunto. A continuación, podría archivar las diligencias o si considera que existen indicios de delito llevarlas a un juzgado o al TSJ, según la condición de los afectados. En ocasiones, en diligencias de investigación penal ha citado a testigos para que explicaran los hechos. También a los propios denunciantes para concretar o ampliar el relato de la denuncia. No obstante, las fuentes consultadas consideran que, salvo sorpresa mayúscula, la investigación prejudicial está abocada el archivo.

La Intervención y la Sindicatura han reprochado a Oltra las prácticas denunciadas La causa no resulta compleja para los asuntos habituales que llevan los fiscales de Anticorrupción

El partido de Isabel Bonig lamenta, por un lado, el posible fraccionamiento de contratos. Se trata de dividir el objeto de un mismo servicio en otros directamente vinculados al primero, pero de menor cuantía para evitar sacarlo a concurso. La Intervención de la Generalitat le ha advertido en varias ocasiones de lo irregular de esta práctica.

Pero no es esa la única irregularidad que recoge el escrito. El PP sostiene que la conselleria ha abusado de los procedimiento de enriquecimiento injusto -paga a la compañía que hasta el momento había desempeñado el servicio aunque el contrato se haya agotado- y esto ha causado un importante perjuicio a las arcas públicas. Esta circunstancia ha impedido la competencia de otras empresas del sector. Un concurso público, de media, suele cerrarse con alrededor de un 14% menos del importe ofrecido inicialmente, según la denuncia. En este caso, en el que los expedientes de enriquecimiento injusto alcanzan los 43 millones de euros, se podrían haber ahorrado seis.

Reacción del Consell

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, salió ayer en defensa de la gestión del Consell, tal y como este mismo fin de semana hizo el sindic del PSPV, Manolo Mata, y el responsable de Compromís, Fran Ferri. Puig dijo que tiene «absoluta confianza en que se han hecho las cosas de manera correcta». Cree que todo responde a una estrategia de los populares porque «es un momento difícil para ellos y están intentando hacer una política de distracción». El presidente mostró su «confianza absoluta en el funcionamiento de la Generalitat» y añadió que el Consell «está para poner a disposición de la justicia todos los documentos de la realidad administrativa».

El discurso de Mónica Oltra va en una línea similar a la del jefe del Consell. Acusó al principal partido de la oposición de «intentar tapar su corrupción» y que la gente piense que todos los políticos son «iguales». Tachó de «indecente» la estrategia judicial de los populares.

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