Los expertos en financiación rechazan la quita de la deuda que reclama el Consell

El conseller Vicent Soler conversa con Sáenz de Santamaría y Montoro en una reunión del CPFF.
El conseller Vicent Soler conversa con Sáenz de Santamaría y Montoro en una reunión del CPFF. / EFE/Fernando Alvarado

El representante valenciano considera que 21.500 millones sería la cifra mínima a condonar para que la Comunitat pudiera volver a los mercados financieros

FERRIOL MOYA VALENCIA.

El informe elaborado por la comisión de expertos creada para perfilar las líneas del nuevo sistema de financiación autonómica rechaza la posibilidad de aplicar una quita de la deuda a las regiones, tal y como algunas de ellas, y en particular la Comunitat Valenciana, habían venido reclamando. De hecho, el citado documento incorpora el voto particular propuesto por el Gobierno valenciano -el director del IVIE, Francisco Pérez- en el que se vuelve a defender la necesidad de aprobar quitas de las deudas regionales con el objetivo de lograr que éstas puedan recuperar la suficiencia financiera, volver a los mercados y dejar de depender de los mecanismos de liquidez aprobados por el Gobierno.

El voto particular del experto valenciano -uno de los nueve que se presentan al conjunto del informe- viene a sostener a lo largo de sus diez páginas la necesidad de llevar a cabo esa condonación de la deuda. «A la vista de las cifras, para que la deuda autonómica permita la vuelta al mercado de las comunidades se requiere muy probablemente en algunas de ellas una reestructuración de la misma que incluya quitas», señala textualmente el documento cuyo contenido reveló ayer el diario Cinco Días.

Pérez propone incluso un cuadro, en su voto particular, que recoge una estimación de la cuantía de esa «reducción mínima de deuda» que sería necesaria para volver a acceder a los mercados financieros. En el caso de la Comunitat Valenciana, esa quita de deuda se cifra en 21.587 millones de euros, casi una tercera parte de los 65.867 millones que cabría 'perdonar' a las autonomías del régimen común -todas menos País Vasco y Navarra-. La deuda de la Comunitat, con datos de 2016, alcanzó los 44.658 millones de euros, de manera que esa quita supondría una reducción del 48,3% respecto a esa cifra. La propuesta valenciana prevé quitas para un total de siete autonomías -la más cuantiosa es la que se propone para Cataluña, a la que se condonarían 34.000 de sus 75.000 millones de deuda-.

En su voto particular, Pérez sostiene una propuesta de condonación de deuda siguiendo «criterios objetivos»: la insuficiencia de recursos del actual sistema para cubrir los servicios públicos fundamentales; la infrafinanciación relativa que se arrastra de anteriores modelos; y los condicionantes que los mercados financieros -en cuanto a ratio deuda/ingresos corrientes- para el acceso a los mismos.

El informe del comité de expertos propone, como posición mayoritaria, una reestructuración de la deuda, pero sin quitas. De lo que se trataría es de ampliar los plazos de forma razonable para atenderla, añadir en su caso nuevos períodos de carencia y fijar unos tipos de interés favorable. En esa posición mayoritaria se advierte además de que no atender la amortización íntegra de esa deuda «sería injusto para las CCAA que han cumplido en mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal y, por tanto, utilizado en menor medida el recurso a los mecanismos extraordinarios de liquidez».

Una quita como la que propone la Comunitat sólo aparece como posición minoritaria dentro de la comisión de expertos. Contemplaría dos tramos: el primero cubriría un porcentaje común para todas las CCAA por la insuficiencia de recursos padecida para financiar los servicios en el periodo 2009-2016; y el segundo cubriría los incrementos de deuda derivados de las insuficiencias de financiación relativas padecidas por algunas CCAA y que tengan mayores dificultades para volver a los mercados.

Las propuestas van en sentido contrario a las del Consell: fijar copagos y subir el IVA

Algunas de las propuestas que los expertos incorporan en el informe que hoy mismo debe recibir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, van exactamente en sentido contrario a las políticas que ha venido aprobando el Gobierno del Botánico. Entre los mecanismos a los que se hace referencia para mejorar la recaudación de las CCAA, el informe de los expertos alude a la necesidad de elevar la capacidad de las comunidades para fijar copagos. «Seria conveniente dotar a las comunidades de competencias normativas sobre instrumentos de copago, especialmente en el caso de la sanidad, pero posiblemente también en otros de su competencia», se indica en el documento que adelanta Cinco Dias. El Gobierno valenciano no sólo rechaza los copagos sino que Ximo Puig y Mónica Oltra aprobaron nada más llegar al Consell sendos decretos para subvencionar el copago farmacéutico -y una modificación posterior de la ley de acompañamiento para hacer lo propio con el de la dependencia-. El Ejecutivo valenciano ha hecho bandera precisamente de las ayudas a los afectados por esos copagos. Los expertos consideran que esos copagos ayudan a disuadir la demanda e incrementan los ingresos.

Otra de las propuestas de los expertos van en el sentido de proponer una subida del IVA -sea por la vía de que las propias regiones la decidan, o porque así se lo reclamen al Estado-. Es cierto que el Ejecutivo valenciano ha incrementado su política fiscal para mejorar sus ingresos, pero en ningún caso ha planteado la posibilidad de subir un impuesto como el IVA.

Lo que sí hace el informe de la comisión de expertos es reconocer la situación de infrafinanciación que sufre la Comunitat, que la sitúa a la cola en términos per cápita. Cada valenciano recibe, con datos de 2013, 1.824 euros del sistema de financiación, que son 331 euros menos que la media. El documento, además, apuesta por la eliminación de «la cláusula de statu quo que se ha incluido en anteriores modelos de financiación autonómica» -la que viene a obligar a que ninguna autonomía obtenga en el nuevo modelo menos recursos que en el anterior-, aunque reconoce que pueden existir dificultades para suprimirla. Cantabria, Extremadura, Aragón, Castilla y León y La Rioja rechazan esa medida.

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