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Un exedil de Comercio de Alicante, a juicio por una presunta adjudicación irregular de la feria Outlet

A Antonio Sobrino y a un técnico municipal se les investida por un delito de prevaricación

EUROPA PRESS

Alicante

Viernes, 17 de noviembre 2017, 16:00

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El juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha acordado la apertura de juicio oral contra el exedil de Comercio del PP en el Ayuntamiento de Alicante Antonio Sobrino y contra un técnico municipal, por un delito de prevaricación por presunta adjudicación irregular de contratos.

El fiscal pide para el exedil siete años de inhabilitación por supuestamente adjudicar directamente por unos 48.700 euros el montaje de la feria Outlet en octubre de 2009, pese a saber que era irregular.

En el auto de apertura de juicio oral, con fecha del pasado día 8, que ha dado a conocer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana este viernes, se da traslado de la causa a la Audiencia.

En su escrito de conclusiones provisionales, Fiscalía relata cómo Sobrino adjudicó el contrato por 48.700 euros a una empresa para el montaje de 67 jaimas, 67 vitrinas, dos grupos electrógenos, 20 extintores, 67 rótulos comerciales y 1.675 m2 de tarima y otros tantos de moqueta.

Recalca que Sobrino "obvió" el procedimiento de "efectuar consultas con diversos candidatos" a la adjudicación y "lo adjudicó directamente a la mercantil". Y subraya que "se procedió al fraccionamiento de la facturación", de manera que aunque alguna de las facturas lo fue para empresas distintas, todas trabajaron para la adjudicataria.

Asimismo, explica que dos de las facturas fueron "abonadas por dos patrocinadores" y no por el Ayuntamiento cuando en realidad eran "relativas al mismo objeto del contrato".

Por todo ello, fiscalía detalla que Sobrino contó con la complicidad del jefe del Servicio de la Concejalía, de manera que ambos firmaron la autorización del pago de las facturas "teniendo perfecto conocimiento de las irregularidades".

Argumenta, además, que las conversaciones grabadas por el representante de la mercantil evidencian que el técnico tenía "exacto conocimiento de la infracción", del procedimiento que debería haberse seguido y de la propuesta para presentar facturas a nombre de terceros.

Por todo, les atribuye un delito de prevaricación, solicita la apertura de juicio oral y les solicita una pena de siete años de inhabilitación.

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