El exalcalde de Montroi acepta 22 meses de cárcel por la estafa de los chalés ilegales

El exalcalde del PP, Francisco Javier Carrión. / FRANCISCO GARCIA
El exalcalde del PP, Francisco Javier Carrión. / FRANCISCO GARCIA

Todos los acusados, salvo uno, pactan con la fiscalía para evitar la cárcel antes del juicio de la trama urbanística que arranca el próximo lunes

A. RALLO VALENCIA.

La mayor trama urbanística de la Comunitat Valenciana se cerrará con penas muy livianas. La macroestafa de la venta de chalés ilegales a extranjeros en el municipio de Montroi comenzará a juzgarse el próximo día 8 de enero. Pero prácticamente todos los acusados han terminado firmando un pacto -sólo uno se niega a reconocer los hechos- con la Fiscalía Anticorrupción. Las conversaciones se iniciaron hace cerca de un mes, tal y como informó LAS PROVINCIAS. Los procesados han confesado su participación en la trama a cambio de una más que notable reducción de la pena. Entre los principales acusados figura el exalcalde del municipio, Francisco Javier Carrión, que también ha admitido los hechos. De tal forma que reconoce su actuación delictiva y acepta un año y diez meses de cárcel. No obstante, no entrará en prisión. La práctica habitual es que no se ingrese en la cárcel si se trata de una primera condena y el castigo de privación de libertad es inferior a dos años.

El acuerdo supone una enorme tranquilidad para el exedil, que se veía amenazado por una petición de pena de 16 años de cárcel. La fiscalía le acusaba no sólo de permitir la construcción de las viviendas en suelo no urbanizable sino de obtener incluso un beneficio económico. El exalcalde, que pertenecía al Partido Popular, disponía de una empresa de electricidad con la que realizó diferentes servicios -instalación de aparatos de aire acondicionado, por ejemplo- en las propias casas adquiridas por los turistas.

La mayoría de los compradores eran británicos y alemanes, que fueron engañados con la legítima aspiración de poseer una vivienda en la Comunitat en la que disfrutar de las vacaciones.

Sólo uno de los 17 acusados ha rechazado el acuerdo que ofrecía el fiscal, aunque puede aceptar la propuesta hasta el mismo día de la celebración del juicio. Entre los que han confesado su participación en la trama, figuran también un registrador de la propiedad y una notaria, profesionales indispensables para el éxito de la estafa, que tan sólo se verán castigados con una multa, según fuentes conocedoras de los acuerdos.

El juicio, con un calendario inicial de dos meses, se verá notablemente acortado tras la confesión de los acusados. Los procesados se limitarán únicamente a ratificar el acuerdo alcanzado con el ministerio público. El resto del proceso se concentrará en determinar la responsabilidad civil. Cierto que los acusados podrían sufragar algo del montante total que se reclama, pero un porcentaje importante puede recaer sobre las compañías de seguros y el propio Ayuntamiento de Montroi.

Casi 100 compradores, la mayoría extranjeros, se encuentran personados en la causa y reclaman diferentes cantidades. La media de las indemnizaciones ronda los 200.000 euros, aunque se dan casos por encima de los 300.000. La suma total alcanza varios millones de euros.

La actuación ilegal afectó a los parajes de Les Valletes, L´Hospitalet, Pla Galán, Canya Murta, Canya Palomo y Altos de la Canyada (zona de la urbanización Las Palomas) y el paraje de Los Corrales. Algunas víctimas de la estafa no llegaron a recibir ni la vivienda por la que habían pagado, mientras otras se encontraron un inmueble «ilegal» y sin las mínimas instalaciones de luz y alcantarillado. El Ayuntamiento ya inició los trámites para modificar el Plan General y legalizar las edificaciones.

El engaño no se limitó a la ilegalidad de las viviendas y la ausencia de servicios de agua, luz y alcantarillado. A los compradores -se hicieron incluso visitas guiadas de turistas europeos- se les prometió que estaba en trámite la construcción de un campo de golf, un lago navegable, hoteles y comisarías... Una de las mayores estafas urbanísticas en pleno boom inmobiliario, en 2003. La operación policial se desarrolló en 2010. El juicio va a celebrarse ocho años después de que estallara el escándalo.

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