La escasez de medios colapsa el trabajo del Consell de Transparencia

García Macho junto a Enric Morera, en Les Corts. /LP
García Macho junto a Enric Morera, en Les Corts. / LP

El organismo resuelve expedientes al año de recibirlos mientras que el último informe lo publica cinco meses después del anterior

Burguera
BURGUERAValencia

El Consell de Transparencia, órgano creado a través de la ley valenciana aprobada en 2015 y que está encargado de dirimir los conflictos entre instituciones y ciudadanos derivados de la aplicación de la normativa, registra un atasco considerable. La falta de medios con la que se dota a esta institución provoca que actualmente se estén resolviendo reclamaciones presentadas un año antes. Se puede constatar al observar los expedientes donde se recoge la fecha de entrada de la reclamación, y muchas de las ahora resueltas llevan fecha de octubre de 2016.

El colapso de la institución se origina en el 'pecado original' de una ley que asigna al ente unas competencias mayúsculas sin prever una dotación en consonancia. El Gobierno valenciano, que no demuestra demasiadas intenciones de potenciar este instrumento de control, atendió las primeras quejas de los consejeros y aportó una serie de medios que están resultando completamente insuficientes a la vista de los resultados. Al margen de las resoluciones puntuales, el último informe emitido por el Consell de Transparencia se ha publicado hace unos días y el anterior es de cinco meses antes. Desde julio a diciembre, ni un trabajo más.

Fuentes del organismo admiten las carencias sin querer 'hacer sangre' para no transmitir la sensación de que su deseo es acaparar medios humanos o financieros. Desde la Generalitat todavía no se ha puesto en marcha la Oficina de Control de Incompatibilidades, una de las promesas pendientes del Consell de Ximo Puig. Este nuevo ente que supuestamente debería asumir el amplio abanico de competencias que recaen en el consejo (según fuentes del departamento que dirige Manuel Alcaraz), pero como esto no ocurre, actualmente el Consell de Transparencia es el único que está realizando una tarea real de control de la aplicación de la transparencia en las instituciones valencianas. En el último pleno de Les Corts, la situación del Consell de Transparencia saltó a la palestra. Desde Compromís se reprochó al PP que aprobase una ley donde se preveía la creación de este organismo sin tener en cuenta que sus amplias atribuciones obligarían a dotarlo de importantes medios materiales.

Lo que no explicó la coalición nacionalista es que, con la llegada de la izquierda a la Generalitat se decidió crear una nueva conselleria, la de Transparencia, que en muchos casos clona las atribuciones del organismo primigenio. Todo eso sin olvidar que desde Podemos se impulsó una Agencia Anticorrupción que igualmente comparte atribuciones de similar corte y que aún no cuenta siquiera con un espacio físico en condiciones donde desarrollar su labor. De hecho, tendrá que recurrir al alquiler de un local.

Los medios que el Gobierno valenciano implementó para el Consell de Transparencia se limitaron al pago de la actividad de sus cinco consejeros y a la aportación de materiales informáticos y de oficina. Sin embargo, la gran cantidad de conflictos que genera la aplicación de la ley de transparencia ha desbordado las previsiones.

A pesar de que el Consell de Transparencia se puso en marcha en 2015, nadie había dispuesto dotarlo de asignación económica. Al año siguiente se abordó la cuestión. En la memoria presentada en mayo de 2017 se indicó que la oficina con la que cuentan (son cinco miembros del Consell de Transparencia y tres funcionarios que prestan apoyo en la oficina) es «insuficiente» puesto que no hay especialistas en derecho y acceso a la información ni en transparencia. Fue cuando el presidente del Consell de Transparencia, Ricardo García Macho, acudió a Les Corts a presentar la memoria del organismo de 2016 cuando reconoció que los miembros, en varios momentos, se han planteado dimitir por falta de medios.

Durante las comparecencias parlamentarias para explicar los presupuestos de 2018, el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, aseguró que el programa de Consell de Transparencia dispondrá de 155.000 euros, 65.000 más que en 2017, con lo que cubrirá los gastos de la oficina de apoyo, integrada ya por cuatro funcionarios, así como las dietas e indemnizaciones de los miembros del Consejo y la organización y difusión de actividades.

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