Un empresario declara al juez que Laterne le estafó 300.000 euros

La empresa que la investigación de la Guardia Civil ha puesto bajo sospecha. / Damián Torres
La empresa que la investigación de la Guardia Civil ha puesto bajo sospecha. / Damián Torres

Los responsables de Pavasal aseguran que la organizadora de la campaña del PP les engañó, pero rehusaron denunciar los hechos

A. RALLO Valencia

Los empresarios que supuestamente financiaron al PP durante la campaña de 2007 habían declarado hasta la fecha que las cantidades que entregaron a Laterne -la empresa de Sáez Tormo que organizó la campaña electoral del PP- estaban justificadas en trabajos. En otros casos, derivaron su responsabilidad a otros dirigentes e incluso alguno parecía que no se tomaba en serio su comparecencia. Asunto diferente es que pudieran justificar con documentos la realización de estos servicios.

Los dueños de Pavasal, que declararon ayer, introdujeron otra explicación a las generosas aportaciones a una de las empresas satélite de la agencia del PP: una estafa. Los industriales aseguraron que la idea era participar en la famosa sociedad que iba a concurrir a numerosos concursos públicos para grandes proyectos de la ciudad de Valencia. Para ello hicieron dos aportaciones. En total, algo más de 300.000 euros, según admitieron ayer. La investigación sí ha acreditado la existencia de aquella firma (PMC) a la que concurrieron otros muchos empresarios con aportaciones iniciales de 150.000 euros. Pero hasta ahora nadie había reconocido que aquello fue un engaño urdido supuestamente por Sáez Tormo, el amigo de Alfonso Grau, según las últimas averiguaciones de la Guardia Civil.

Lo más sorprendente es que las víctimas no trataron de recuperar el dinero que, en teoría, habían dado al ser engañadas. No lo hicieron porque iba a generar un enorme lío y así se lo recomendó un abogado, explicaron ayer al juez que instruye la pieza que afecta a todo el Grupo Municipal.

El resto de las comparecencias de los empresarios no están deparando grandes sorpresas pese a que acuden como testigo porque los delitos han prescrito. Hay que recordar que esta parte de la investigación se limita a las elecciones de 2007.

La extrañeza que causó ayer el relato de los responsables de Pavasal coincide en algunos puntos con el testimonio que ofreció recientemente el responsable de Agricultores de la Vega, la concesionaria de la limpieza y la basura en la zona sur de la ciudad. Admitió que entregó 500.000 euros para la constitución de PMC. La misma empresa que Pavasal dijo ayer que fue una estafa.

La realidad es que esa sociedad se inscribió en diciembre de 2007, pero careció de cualquier actividad. En principio, de esa cantidad, unos 150.000 se justificarían con un contrato de préstamo. Pero nunca se pidió la devolución. Al parecer, se compensó con diferentes gastos que se generaron en la firma, según explicó el dirigente de esa sociedad. No ofreció más detalles. Tampoco del resto de transferencias hasta sumar casi 500.000 euros. Finalmente, acorralado por las preguntas del juez y del fiscal, el testigo terminó por reconocer que lo «hizo a fondo perdido y no pidió nunca justificación de la misma». Una forma de actuar difícilmente compatible en la lógica comercial. Del mismo modo que ser víctima de un engaño de 300.000 euros y no tratar de recuperar al menos parte del capital perdido.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau es el que concentra la mayor parte de las sospechas acerca de la financiación ilegal del partido. La Guardia Civil sitúa al político popular al frente de la financiación irregular del PP durante las elecciones de 2007 y 2011. La investigación ha revelado un complejo entramado de recaudación de fondos para la caja B de la formación para abonar las campañas electorales. Estas generosas aportaciones llegaban desde las empresas concesionarias del Ayuntamiento de Valencia, pero también desde fundaciones del propio Consistorio que nutrían de fondos las mercantiles de Sáez Tormo por servicios ficticios, según las investigaciones de la Guardia Civil. La empresa terminó bajando la persiana y dejó sin pagar las últimas nóminas a buena parte de los trabajadores.

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