Echávarri, al borde de abandonar el Ayuntamiento de Alicante tras confirmarse su procesamiento

El PSPV se obstina a mirar hacia otro lado y el Consell intenta obviar la existencia del caso mientras Compromís y Podemos consideran que la cabeza de Echávarri rodará políticamente hablando, pero que lo hará ya demasiado tarde. Echávarri ha decidido tomar un camino repleto de presiones: la portavoz del Consell, Mónica Oltra, consideró ayer que el alcalde debería estar «a la altura». Su dimisión la ha solicitado el PP, Ciudadanos, Compromís y Podemos. Todos, excepto el PSPV.

Algo debe tener el sillón de primer edil de Alicante. Algún tipo de adhesivo. No hay alcalde alicantino en las últimas décadas que no haya protagonizado una defensa numantina del cargo mientras el resto del mundo pide que renuncie y su propio partido se pone de perfil. Le pasó al PP con Castedo o Díaz Alperi. La historia se repite ahora con el PSPV y Echávarri.

En una resolución judicial dada a conocer ayer por el portavoz del grupo popular en el Consistorio, que ejerce de acusación popular, Luis Barcala, el tribunal rechaza el recurso de Echávarri y los dos asesores contra el auto de procedimiento abreviado después de que también fuera desestimado un primer recurso presentado por De Gea y Díez (los asesores) para que volvieran a testificar en la causa los técnicos de la Concejalía de Comercio. En la causa por la presunta fragmentación de contratos de la concejalía, el llamado 'caso Comercio', por un montante cercano a los 190.000 euros, denunciada por el PP, se encuentra en calidad de investigado el alcalde de Alicante, acusado de un delito de prevaricación, junto a los dos asesores, acusados también de prevaricación y de usurpación de funciones al usar supuestamente la firma digital de Echávarri para cursar las facturas objeto de investigación.

El recurso argumentaba que «el auto impugnado no ha motivado que existan indicios racionales y consistentes de una participación penalmente relevante» de Echávarri, y manifiesta que «difícilmente puede cumplir los presupuestos exigidos por el delito de prevaricación quien no ha tenido intervención alguna en los actos que pudieran llegar a ser arbitrarios». Además, defendía que «no había fraccionamiento fraudulento» porque no había «unidad funcional».

Sin embargo, el tribunal considera que las contrataciones debieron «realizarse legalmente a través de concurso público» en lugar de los contratos menores que se «concertaron directamente» por los dos asesores, quienes «no tienen funciones ejecutivas ni decisorias», cosa que no impidió que las facturas las firmara Díez «con conocimiento previo y consentimiento pleno» por parte de Echávarri.

El tribunal considera que «las alegaciones no pueden tener favorable acogida», y concluye que la resolución impugnada «cumple con los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente», y reitera que «en esta fase procesal es improcedente analizar de forma exhaustiva las diligencias de investigación practicadas», siendo esta labor propia del órgano enjuiciador en el juicio oral, una fase a la que parece abocado Echávarri, lo que le sitúa también al borde del adiós a la alcaldía.

El PP exigió ayer la «dimisión inmediata» del alcalde y advirtió de que si no se va en breve tanto el secretario general autonómico socialista, Ximo Puig, como el nacional, Pedro Sánchez, deben intervenir. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, consideró que «es hora» de que Echávarri «sea responsable con el cargo» que ostenta y «con las personas a las que representa» para que «dimita cuanto antes», renuncia que también reclamó Podemos, que en el arranque de la legislatura participó en el equipo de Gobierno de Echávarri, al igual que Compromís, cuyo portavoz municipal, Natxo Bellido, calificó de «paso decisivo» la decisión de la Audiencia por dejar «a las puertas del juicio oral» al alcalde. Por ello, Bellido reclamó que «se aparte, presente su dimisión o que el PSOE, de una vez por todas, tome cartas en el asunto. No puede seguir un minuto más».

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, intentó esquivar el tema inicialmente, ayer, tras el pleno del Consell. Insistida sobre el asunto, Oltra recordó que todos los gobiernos deben estar a la altura de las expectativas y necesidades de los ciudadanos, y de las exigencias de transparencia y buen gobierno. Al Gobierno valenciano, precisó su portavoz, le preocupa la transparencia y el buen gobierno y por eso hizo unas normas que los miembros del Ejecutivo autonómico «cumplen» para evitar situaciones como la que se está dando en la alcaldía de Alicante.

La vicepresidenta afirmó que puede responder por los miembros del Consell, que sí tienen suscritos códigos de buenas prácticas y actúan «en consecuencia». Echávarri y su ayuntamiento no firmaron ese código ético.