Directivos confirman que los empresarios pagaron facturas a Gürtel por trabajos falsos

David Serra habla por teléfono junto a su abogado. / EFE/J. C. Hidalgo
David Serra habla por teléfono junto a su abogado. / EFE/J. C. Hidalgo

Empleados de las firmas que supuestamente financiaron al PPCV a través de Orange Market declaran como testigos en la Audiencia Nacional

EFE

madrid. Varios directivos de una de las empresas que presuntamente financió de manera ilegal al PP valenciano confirmaron ayer, durante su comparecencia como testigos en el juicio sobre la financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel que se celebra en la Audiencia Nacional, que sus jefes contrataron con la filial valenciana de Gürtel por servicios que no tienen constancia de que se realizasen.

Un total de seis testigos comparecieron en la jornada de ayer en la vista oral, todos ellos subordinados de los empresarios que confesaron haber financiado ilegalmente al PP valenciano a través del pago de facturas a Orange Market -filial de la trama en Valencia- por actos electorales de las campañas municipal y autonómica de 2007 y de las elecciones generales de 2008.

Dos de ellos, exdirectivos de la empresa Lubasa Desarrollos Inmobiliarios, confirmaron que su jefe, Gabriel Alberto Batalla (uno de los empresarios que confesó en el juicio), les llevó un contrato con Orange Market para que lo firmaran, si bien no tienen constancia de que ese servicio finalmente se realizase.

«Me dijo (Gabriel Batalla) que firmase el contrato y que se encargaba él», declaró un directivo

Se trata de dos facturas de 45.000 y 50.000 euros que, según la fiscalía, Lubasa pagó a Orange Market por servicios inexistentes y que en realidad camuflaban pagos encubiertos de actos electorales del PP valenciano.

Según uno de los subordinados de Gabriel Alberto Batalla, éste le dijo que firmara el contrato y que no se preocupase porque era un asunto del que se encargaba él.

«Vino, me trajo un contrato, me dijo que lo firmara y que eso era un tema del que se encargaba él. Vino y lo firmé», aseguró este directivo.

El testigo no supo explicar cómo es posible que la hoja de pedido del servicio contratado a la Gürtel sea posterior a la propia factura. «Es ilógico», respondió.

El otro empleado de Lubasa, director de comunicación y marketing en 2007, también reconoció que tuvo que firmar una factura de Orange Market y que no le «consta» el desarrollo efectivo de ese trabajo. También añadió que de haberse realizado el mencionado trabajo lo habría sabido.

Otra testigo, que trabajaba para el grupo Vallalba, declaró que su jefe, Tomás Martínez, le encargó tramitar cuatro facturas en 2007 relacionadas con trabajos realizados en distintos meses y que, sin embargo, se pagaron todas a la vez.

La empleada apuntó que ese no era el procedimiento habitual que se empleaba en el pago de facturas en la empresa, aunque puntualizó que no era «una cosa extraña». La testigo no supo explicar por qué esas facturas se distribuyeron entre tres sociedades del grupo Gürtel si el servicio lo prestó una misma entidad. «Yo recibí la orden de pago y los contratos y las facturas se pagaron», aseguró la que drante aquellos años trabajó para el grupo Vallalba.

Los otros testigos que comparecieron ayer también pusieron de manifiesto que no tenían constancia de que sus empresas subcontratasen con las firmas de la Gürtel para realizar algún servicio o que tuvieran algún tipo de relación comercial con Orange Market.

Además, todos ellos negaron conocer o haber tenido alguna relación profesional con los acusados, entre los que se encuentran los cabecillas de la trama y la antigua cúpula del PP valenciano, encabezada por el ex secretario general Ricardo Costa.

El juicio continúa en la jornada de hoy a las 10 horas con las declaraciones de más testigos.

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