El diputado Rius también usó presupuestos sospechosos para avalar contratos a dedo

El equipo directivo del MuVIM, con Rius presidiendo la reunión. / LP
El equipo directivo del MuVIM, con Rius presidiendo la reunión. / LP

La Corporación provincial encargó a dos empresas del mismo administrador imprimir catálogos justificándolo con otras ofertas presentadas por un familiar del adjudicatario

BURGUERA VALENCIA.

Los contratos menores, que tanto recelo generan entre los interventores (por considerarse tradicionalmente que son otorgados a dedo), suelen avalarse a través de la petición de presupuestos, y así elegir el más beneficioso para la Administración. O no. En el caso de la Diputación de Valencia, el área de Cultura que dirige el diputado Xavier Rius (Compromís) ha aprobado a lo largo de la legislatura al menos dos adjudicaciones que avaló con una garantía de concurrencia, la de otras ofertas, que, en realidad, no eran otras ofertas.

El departamento de Rius organizó una exposición en el MuVIM sobre la República para «inaugurar una nueva etapa en el museo» principal de la Diputación, según sus organizadores. La corporación provincial aprobó en julio de 2016, con sólo tres días de diferencia, la realización del mismo catálogo de la exposición en dos tiradas distintas del catálogo sobre la muestra. Adjudicaciones por el mismo valor, 17.300 euros sin IVA, contratos menores encargados a dos imprentas distintas (Martín Impresores y Campgráfic). Las dos adjudicatarias contaban con el mismo administrador, José Luis Martín. La tramitación contiene, además, una situación de lo más peculiar. Las dos contrataciones se pretenden avalar con la petición de presupuestos alternativos. Sin embargo, varias ofertas rivales estaban muy vinculadas con las ganadoras. El presupuesto que competía con el de Martín Impresores (actualmente Martín Grafic) lo presentó Projectem, firma que comparte domicilio, teléfono y fax con la adjudicataria, además de estar a nombre de una persona con apellidos idénticos al del dueño de la ganadora. Cuando después se decidió apostar por Campgráfic, también de José Luis Martín, se solicitó otros dos presupuestos, uno de ellos también a Projectem. José Luis Martín se presenta en una red social como administrador de Campgráfic y gerente de Martín Impressors, en cuya escritura consta que su esposa es I. Nuñez P. La persona responsable de las ofertas de Projectem es V. Martín Núñez. De las cuatro firmas incluidas en la tramitación, tres están conectadas.

Interrogado en septiembre de 2016 por LAS PROVINCIAS sobre si sabía las chocantes condiciones acontecidas para la contratación de las dos empresas, el portavoz de Compromís en la Diputación y responsable de Cultura aseguró que «como diputado no participo en la parte técnica ni digo lo que deben hacer los equipos de los museos y sus directores. Si ellos dicen que se debe hacer una reedición de ejemplares, pues de acuerdo, se hace a través de una gestión, la de pedir presupuestos y se escoge el más económico y se encarga. Y ya está». La petición de ofertas fue, en estos casos, peculiar, algo que luego se ha repetido.

Los contratos sospechosos no son nuevos en la Diputación. LAS PROVINCIAS publicó la semana pasada otra extraña tramitación. La externalización del servicio de guías de la exposición permanente del MuVIM entre 2015 y 2017 se realizó con contratos correlativos, primero a una empresa y después a su administrador, hermano del asesor de Rius en el momento de una de las adjudicaciones. Los primeros encargos a dedo de los guías se realizaron en fechas similares a las del catálogo, en la primera mitad de 2016. Sin embargo, las últimas en las que se empleó tal 'modus operandi' (encargarlo primero a una empresa y luego a un particular que es su administrador) se produjeron el año pasado. Ya se conocía el caso de las contrataciones de los catálogos. Rius había facilitado a la oposición el expediente donde constan las estrechas relaciones entre supuestas competidoras. Parece que Rius no ha vigilado demasiado. Preguntada la vicepresidenta Mónica Oltra, líder de Compromís, el pasado viernes recordó que «la contratación menor está prevista en la ley. Tiene una regulación propia, en el sentido de que se establece el mejor precio después de, al menos, contar con tres presupuestos diferentes». Diferencias, en estos casos, pocas. El presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ya admitió esta semana que las tramitaciones no son de su agrado.

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