El diputado Rius, denunciado por malversación, tráfico de influencias y prevaricación

Contelles, portavoz del PP en la Diputación de Valencia, y el diputado Francisco Izquierdo, ayer. / damián torres
Contelles, portavoz del PP en la Diputación de Valencia, y el diputado Francisco Izquierdo, ayer. / damián torres

El PP se querella contra el síndic de Compromís y responsable de Cultura en la Diputación por los contratos a dedo en el MuVIM

BURGUERA VALENCIA.

En el pleno de enero de la Diputación de Valencia, el portavoz de Compromís, Xavier Rius, retó a ir a los tribunales a la portavoz del PP, Mari Carmen Contelles, si consideraba ilegal el modo de gestionar el área de Cultura de la corporación provincial (de la que Rius es el máximo responsable). Contelles acudió ayer a un juzgado de guardia y presentó una querella. Acusa al portavoz de Compromís de presunta prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias. Cuatro delitos. El póquer presuntamente delictivo se origina por la adjudicación a través de contratos menores de servicios para el MuVIM, el principal museo de la Diputación. Los encargos se realizaron alternativamente a la empresa de familiares de un cargo de Compromís, Francisco Ramón y Eva Moreno, hermano y cuñada respectivamente del ex asesor de Rius y actualmente teniente alcalde de Paterna, Juanma Ramón, que trabajó para Cultura durante uno de los dos años en que la institución contrató a la empresa y a sus familiares mediante una fórmula que la propia Intervención de la Diputación consideró un supuesto fraccionamiento de contratos.

«Estamos ante un intento deliberado de ocultar contrataciones, ya que en dos informes del MuVIM entregados al Grupo Popular se obvian las facturas (a nombre de Eva Moreno). Queremos saber dónde ha ido a parar el dinero de esas facturas, que según él (Rius) no existían para unos servicios del MuVIM que tampoco se han realizado teóricamente», señaló ayer Contelles, en referencia a las informaciones publicadas durante los últimos dos meses por parte de LAS PROVINCIAS relativas a la adjudicación del servicio de guías museísticos en la exposición permanente del MuVIM.

Rius, como diputado de Cultura, decidió en septiembre de 2015 destituir al anterior director y situar al frente del MuVIM a Rafa Company, uno de los creadores de la exposición permanente que desde 2014 estaba cerrada. Company consideró prioritario reabrir la muestra. Rius le respaldó y en diciembre de ese año se recuperó. Durante dos años, en los cuales se produjeron varias aperturas en falso de la exposición, el museo adjudicó mediante contratos menores (sin concurso público) a la empresa Somnis el servicio de guías durante una serie de meses. Igualmente, ese mismo trabajo se encargó en otras ocasiones a titulo personal tanto a Ramón como a Moreno, familiares de Juanma Ramón y administradores de Somnis, que giraron facturas incluso en periodos durante los cuales la exposición permaneció cerrada al público.

Xavier Rius alega que se rectificó el procedimiento y que el «enchufismo» lo practicó el PP

La versión de Rius

El portavoz de Compromís emitió ayer un comunicado en el que niega que exista prevaricación en los contratos y afirma que «si alguien ha practicado enchufismos en un familiar de un asesor de Compromís es el propio PP». El diputado de Cultura considera que el informe de Intervención ratifica que los autónomos de Somnis estaban trabajando con la Diputación desde 2005, momento en el que el PP presidía la Diputación de Valencia. Por ello, Rius cree que si alguien practicó enchufismos son los populares y señaló que las sucesivas contrataciones finalizaron en 2017 con la adjudicación por concurso que convoca el propio Rius. Ciertamente, las contrataciones a dedo acabaron el año pasado, en diciembre. Igualmente, el diputado considera que se adoptaron «las medidas para cambiar el funcionamiento anómalo habitual de ese servicio. Si la portavoz popular quiere ceñirse a la realidad, debería de congratularse de que se haya puesto fin a una situación anómala gestada durante el gobierno popular». Rius consideró que «todo esto es una campaña orquestada por el PP contra el gobierno progresista de la Diputación para intentar tapar sus casos de corrupción que están colapsando los juzgados».

Contelles señala en su querella que existe un presunto delito de prevaricación porque, según el escrito presentado en los juzgados, desde Cultura se sabía que se estaba cometiendo un fraccionamiento de contratos, algo que señala el informe de Intervención. La portavoz del PP considera que Rius comete malversación por permitir ese fraccionamiento y realizar pagos incluso en periodos durante los que la exposición no estaba abierta al público. También se considera que se produce falsedad documental al contratarse alternativamente a una empresa y sus administradores, pero a título personal, de tal modo que se produce un «engaño» y, posteriormente, cuando el PP pregunta por los adjudicatarios del servicio, se le remiten desde el MuVIM una serie de informes donde literalmente se afirma que en 2016 no hubo pagos de ese servicio. Igualmente, se acusa de presunto tráfico de influencias por la relación de familiaridad entre el asesor de Rius y los contratacos. La querella reclama que se tome declaración en calidad de investigados a Rius, Ramón y Moreno, y se llame a declarar a Company, la subdirectora y el jefe de la unidad económica del MuVIM.

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