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La UCO desgrana las campañas del PP de Valencia

La UCO desgrana las campañas del PP de Valencia

El rastreo de la cuenta opaca ha llevado a los investigadores a desentrañar las vías de financiación

A. G. R.

VALENCIA.

Sábado, 23 de septiembre 2017, 21:19

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El PP tiene un problema que, lejos de difuminarse, cada vez gana más consistencia. Los indicios para que la propia formación y algún alto cargo se sienten finalmente en el banquillo se acumulan. La versión de que el PP de Valencia funcionaba al margen y se desconocían sus especiales circunstancias pierde credibilidad tras cada informe de la UCO. El gerente provincial y la tesorera nacional figuran ya como investigados.

El partido en Valencia se rompió tras descubrirse una operativa de blanqueo de 50.000 euros del Grupo Municipal. Esto ocurrió en 2015. Lo sorprendente, aparte de la extrema gravedad del delito, era que se registraba en un periodo donde los dirigentes ya no podían sentirse inmunes. Los nombres de Gürtel o caso Cooperación resultaban familiares. Pese a todo se optó supuestamente por 'ordenar' a medio centenar de cargos populares -entre ellos concejales y asesores- la donación de 1.000 euros al partido. La secretaria del Grupo Municipal, Mari Carmen García-Fuster, era presuntamente la encargada de devolverlo en dos billetes de 500 euros.

Los investigadores se encontraron, casi por azar, con esa nueva vía impensable al inicio de las pesquisas. Posteriormente, los agentes necesitaban averiguar con certeza de dónde provenían esos 50.000 euros o al menos poder demostrar su origen ilícito. Era necesario retroceder en el tiempo. Lo hicieron con el análisis de la famosa cuenta opaca donde se ingresaron los donativos.

La libreta se manejaba al margen de cualquier control -ni del PP ni del Tribunal de Cuentas- y el todopoderoso Alfonso Grau llegó a figurar como autorizado. Los agentes de la UCO se percataron de que el histórico de ingresos revelaba unos generosos apuntes bajo el epígrafe CyA. Más allá de si las siglas responden a Concejales y Allegados, lo que explicó García-Fuster al juez es que ese dinero procedía de donantes que no querían que se conociera su identidad.

De esta forma, se recogieron unos 187.000 euros, que sirvieron, en teoría, para pagos de la campaña al grupo Trasgos. Esta empresa es la que organizó la campaña del PP de 2011. El juez sospecha de que la mercantil también pudo recibir una financiación extra de mercantiles o sociedades próximas al Ayuntamiento de Valencia. Por eso, en el auto notificado el pasado jueves, se encarga un informe a la Guardia Civil sobre «las analogías» entre las campañas de 2007 y 2011. No resulta lógico que si en los primeros comicios se baraja un coste de más de dos millones de euros, en los siguientes se rebaje a los 160.000 euros.

Grau, atrapado

En su declaración, García-Fuster admitió que existía una persona encargada de recaudar ese dinero, pero no desveló su identidad. Los informes de la Guardia Civil apuntan a que tras esa equis se encontraba Alfonso Grau. Al menos en los comicios de 2007.

Es ese actuar concertado y permanente en el tiempo el que ha terminado acorralando al exvicealcalde de Valencia. De hecho, le sitúa ahora como el artífice de todo el sistema de la financiación ilegal. La operativa diseñada por Grau ha terminado condenándole por los indicios que existen acerca de la inyección de dinero público a través de fundaciones públicas en la empresa Laterne, dirigida por su amigo Vicente Sáez. Esa supuesta malversación ha servido para mantener vivos los otros delitos, como el electoral y el cohecho (recibir dinero de las empresas). De todo ello, tendrá la oportunidad de responder al juez el próximo viernes. Diferente destino han tenido los responsables legales, que han logrado esquivar la responsabilidad penal al haber prescrito sus delitos. Los empresarios serán citados en el juzgado pero para declarar como testigos. Deben, por tanto, decir la verdad. ¿Alguno de los responsables de las firmas bajo sospecha confirmarán los indicios que ha recopilado la Guardia Civil contra ellos?

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