El denunciante del delito electoral del PP fue secretario de la empresa de La Rambleta

La Rambleta, una de las adjudicaciones investigadas. / LP

Jesús Gordillo ocupó durante un año un puesto en el consejo de administración de la firma investigada en el caso Imelsa

A. Rallo
A. RALLOValencia

El pasado de Jesús Gordillo, exasesor del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia y denunciante de la financiación ilegal del PP, acumula llamativas anécdotas. El que fuera hombre de confianza del vicealcalde Alfonso Grau ocupó durante aproximadamente un año el puesto de secretario del consejo de administración de Bulevar del Arte y la Cultura SA, la empresa investigada en una de las piezas del caso Imelsa por el supuesto amaño de la adjudicación para construir y explotar las instalaciones culturales.

El excargo popular desembarcó en el consejo de administración en octubre de 2009. «Fue cuando Secopsa, donde yo trabajaba, compró acciones de la sociedad...Entonces me pusieron a mí de secretario», explicó ayer a LAS PROVINCIAS. Gordillo insistió que se desvinculó de cualquier actividad con la mercantil cuando fue incorporado al equipo de asesores del Ayuntamiento de Valencia.

Esto ocurrió, tal y como él mismo indicó ayer, en junio de 2010. Sin embargo, el Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge que no dejó su posición hasta agosto de ese mismo ejercicio. Este hecho supondría un grave incumplimiento ya que como asesor municipal no podía desempeñar ningún cargo en otra empresa pública. Gordillo aclaró que si las fechas no coinciden es porque la mercantil tardó en darle de baja. Otras fuentes apuntan, en cambio, que se le obligó a abandonar la mercantil cuando se descubrió esa circunstancia.

El exasesor, además, explicó que nunca cobró por sus funciones como secretario del consejo de administración. Una vez desembarcó en el Consistorio precisó que no tenía funciones ni poder para decidir en cuestiones relacionadas con la empresa, siempre según su versión. Afirmó que conoció al empresario José Adolfo Vedri tras su llegada al consejo de administración de la empresa.

No fue esta la única aventura empresarial de Gordillo. Ese mismo año, el 2009, creó la mercantil World Management Business, dedicada al comercio al por mayor de cuero y pieles. Se liquidó en diciembre de 2010, según la documentación consultada.

El juzgado mantiene abierta una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación del proyecto. El informe pericial, no obstante, descartó cualquier manipulación en la parte técnica del proceso, aunque teorizó sobre algunos aspectos sospechosos que no se ajustaban al objeto del trabajo. Anticorrupción solicitó profundizar en estos aspectos, pero el juez todavía no ha contestado a este requerimiento.

Marcos Benavent, cuyas grabaciones han edificado la acusación del caso Imelsa, exculpó hace ya meses a Vedri del pago de comisiones por la adjudicación del centro cultural. El que fuera dueño de la agencia de comunicación Engloba y adjudicatario de la construcción y explotación del centro cultural considera en un escrito que presentó al juzgado que no existían indicios para mantenerle como investigado en la causa y lamentaba los perjuicios económicos que genera a su empresa la repercusión mediática del asunto. Es más, apuntaba que las conversaciones entre la concejal Alcón y Benavent, en la que hablan de «una especie de chantaje o extorsión» se produjeron tres meses más tarde de que los técnicos hubieran valorado el concurso y que su propuesta (Cyes) obtuviera la máxima puntuación.

Gordillo ocupa un papel capital en el sumario del caso Imelsa. Es testigo en el asunto del blanqueo de 50.000 euros y denunció la financiación ilegal del partido. Admitió que pagó con 350.000 euros en efectivo actos electorales del PP. Ese dinero se lo entregó Alfonso Grau, siempre según su testimonio. En su historial también figura una condena a seis meses de prisión por denuncia falsa. Denunció a su casera para tratar de evitar un desahucio.

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