El PP denuncia la Oficina Lingüística de Marzà ante Protección de Datos

La diputada del PP María José Ferrer San-Segundo, durante una intervención en la tribuna de Les Corts. / Jesús Signes
La diputada del PP María José Ferrer San-Segundo, durante una intervención en la tribuna de Les Corts. / Jesús Signes

La diputada María José Ferrer afirma que se ha creado un registro de quienes incumplen las directrices sobre la lengua del Consell sin haberlo dado de alta

F. RICÓS VALENCIA.

El grupo parlamentario del PP en Les Corts ha denunciado la Oficina de Derechos Lingüísticos, puesta en marcha por el conseller Vicent Marzà el pasado mes de diciembre, ante la Agencia Española de Protección de Datos porque «se ha creado con un registro sin darlo de alta en la Agencia de Protección de Datos», aseguró ayer la diputada autonómica María José Ferrer San-Segundo.

La denuncia va dirigida contra el responsable de este fichero de datos no autorizados por la Agencia Española de Protección de Datos que es Rubén Trenzanos en calidad de director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo.

«No es posible que se hagan las cosas tan mal como las hace el Botànic si no es a conciencia. No se puede tener ya vigente hace dos meses una oficina con un registro, donde se inscriben datos de todo tipo, personales e incluso pretendidas infracciones de derechos, sin ni siquiera darlo de alta en la Agencia de Protección de Datos», aseguró la parlamentaria popular encargada de los asuntos de Justicia.

Los populares aseguran que la Oficina de Derechos Lingüísticos tiene un registro de «malos valencianos»

La denuncia que trasladó ayer el PP a la Agencia de Protección de Datos, indica que el decreto por el que se creó la Oficina de Derechos Lingüísticos regula «un sistema por el que se puedan canalizar todo tipo de denuncias, quejas, reclamaciones, consultas o sugerencias que por vulneración de derechos lingüísticos pueda realizar cualquier persona física o jurídica contra un eventual menoscabo de sus derechos lingüísticos, cometido por cualquier administración pública, empresa privada o particular». La denuncia indica también que esa entidad no admite denuncias anónimas.

La Oficina de Derechos Lingüísticos establece «cuáles son los datos que ha de contener cualquier reclamación, sugerencia o consulta, entre los cuales se encuentran nombre, apellidos, dirección postal o correo electrónico, etc., todos ellos de carácter personal», recoge el documento presentado por los populares valencianos ante la Agencia de Protección de Datos.

Exponen en la acusación que el decreto de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos «contempla la existencia de un fichero en el que se inscribirán todas las reclamaciones y sugerencias recibidas que contendrán los datos personales de quien denuncia y los datos de la persona que supuestamente haya vulnerado los derechos lingüísticos del denunciante».

Y especifica el PP ante el citado organismo estatal que no sólo no se ha pedido autorización para crear esos ficheros de datos personales de denunciantes y denunciados, sino que «la norma no contempla la posibilidad de que el sujeto denunciado pueda ejercitar ningún derecho de defensa y menos de acceso o rectificación del fichero en el que se quedará señalado».

Los populares aseguran en su escrito que mediante el decreto de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos «se ha creado un registro de personas o entidades que, supuestamente, no cumplen con las políticas lingüísticas del Gobierno valenciano y que vulneran los derechos lingüísticos de otras personas. En definitiva, un registro de 'malos valencianos'».

En la denuncia presentada por los populares se recoge que toda persona o entidad que cree un fichero de datos de carácter personal «lo notificará previamente» a Protección de Datos.

Recuerda que no solicitar la inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos es una infracción leve, pero indican que son «infracciones graves» proceder a la creación «de ficheros de titularidad pública o iniciar la recogida de datos de carácter personal para los mismos sin autorización de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente». De ahí que los populares indiquen que en el decreto de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos «no se contempla la inscripción en el Registro General de Protección de Datos del fichero donde quedarán inscritas las reclamaciones y sugerencias. Tampoco figura dicho fichero dentro de la relación de los ficheros de titularidad pública de la Generalitat».

«A la negligencia y la ilegalidad se suma la intención de que no haya control sobre unos datos acerca de buenos y malos valencianos que se manejen en la oficina lingüística, con un decreto manifiestamente ilegal, como se ha refrendado por los propios órganos de Presidencia y el Consell Jurídic Consultiu», aseguró la responsable del área de Justicia del grupo parlamentario del PP, Ferrer San-Segundo. Por ese motivo los populares vuelven a instar al Consell lo a que revoque esa oficina puesta en marcha en diciembre.

«No se puede crear un registro donde quedarán inscritos ciudadanos, personas privadas, por pretendidamente vulnerar derechos», dijo la diputada. María José Ferrer recordó que el TSJCV ya ha admitido a trámite las alegaciones presentadas por el PP contra el decreto de creación de la Oficina de Derechos Lingüísticos.

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