El decreto de sanidad para inmigrantes del Consell se desarrolla pese a estar pendiente del TC

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, de pie, en Les Corts.
La consellera de Sanidad, Carmen Montón, de pie, en Les Corts. / JESÚS SIGNES

El Consell tramita el borrador de un texto legal que el Constitucional suspendió inicialmente y que ahora está recurrido y a la espera del fallo

B. F. VALENCIA.

Frente a las trabas judiciales que perturban la gestión del Consell, la Generalitat hace como en el rugby: patada a seguir. Esa es la jugada del que va a ser atrapado y, como ningún jugador puede ser tocado si no lleva la pelota, la lanza hacia delante, se quita el 'melón' de enmedio y que Dios reparta suerte. Algo parecido está haciendo el Gobierno valenciano con las leyes cuestionadas en los juzgados. Marzá continúa con el plurilingüismo a pesar de la suspensión de los tribunales. Pero el conseller de Educación no es el único que practica la patada a seguir. La Conselleria de Sanidad que dirige Carmen Montón sigue adelante con las tramitaciones de la ley de sanidad universal a pesar de que el Tribunal Constitucional está pendiente de tomar una decisión sobre ella.

En el Diari Oficial de la Generalitat del martes se publicó una resolución de fecha 22 de junio del director general de Asistencia Sanitaria por la que se somete al trámite de información pública el borrador de proyecto de decreto por el que se desarrolla la ley que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat.

El decreto pendiente de la decisión del TC fue uno de los primeros firmados por el Ejecutivo valenciano. Consecuentemente, también fue el pionero en entrar en barrena. El Constitucional lo suspendió en noviembre de 2015. En marzo del año pasado levantó el bloqueo si bien quedó recurrido y a la espera del fallo. Sanidad, mientras, lejos de tomar cautelas, pisa el acelerador. En la citada resolución publicada en el DOGV se indica que el plazo de presentación de alegaciones será de siete días hábiles por haber sido declarado el procedimiento «de urgencia». El decreto de asistencia sanitaria para los inmigrantes fue recurrido por el Gobierno central ante el Constitucional por considerar que invadía competencias propias del Estado, al que el TC ha dado la razón en litigios similares, según fuentes jurídicas, lo que podría augurar un batacazo del Consell en este asunto, lo que planteará el problema de qué solución dar a las personas que están accediendo a la atención sanitaria y farmacéutica por esta via (en su mayoria, extranjeros), más de 10.000 personas.

La conselleria de Montón, a pesar del recurso judicial, tramita el precedimiento con carácter urgente

«Es una muestra más de la temeridad con la que se mueve el Consell, que practica una curiosa insumisión frente a las leyes y las sentencias que no le gustan. Es impropio de un gobierno serio, que actúe con prudencia, embarcarse en tramitaciones de urgencia de textos pendientes de resolución judicial. El resultado podría generar una evidente frustración, así como incomprensión por parte de los que se hayan acogido a una norma que desde el principio cuenta con muchos inconvenientes», señaló la diputada del PP María José Català.

La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) anuló los decretos de Sanidad de ayudas al copago farmacéutico y ortoprotésico para pensionistas. Montón, tras reunirse tras reunirse con Luis Vañó, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat, con José Sanchis, responsable valenciano de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, aseguró que la Generalitat «no permitirá que personas que no tengan recursos suficientes o que se encuentren en situación de vulnerabilidad se queden sin tener acceso al tratamiento que necesitan».

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