Declara el exabogado de Avialsa, investigado en la causa por delito fiscal del grupo

El profesional sostiene que no recomendó ninguna actuación al margen de la legalidad contable del conglomerado

A. RALLO

valencia. Una de las numerosas piezas en las que se encuentra dividido el caso Avialsa, en el que se encuentra investigado el exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, es la que analiza el delito fiscal del grupo empresarial. El juez decidió imputar al que fuera letrado de la empresa, el profesional que, en la práctica, llevaba las riendas de la sociedad en estos asuntos. Precisamente ayer declaró como investigado en el juzgado de Instrucción 2 de Sagunto. El letrado defendió en todo momento su actuación como asesor de las mercantiles y que todas sus recomendaciones se ajustaban a la legalidad.

El informe de la Agencia Tributaria reflejaba una planificación a través de diferentes mecanismos para reducir las cuotas del IRPF o del impuesto de sociedades. En estas pesquisas también está investigado el que fuera gerente de la sociedad Francisco Alandí, que incluso ha terminado procesado en otra pieza por espiar el ordenador de su jefe.

El auto en el que se establece la imputación reproduce correos electrónicos en los que se enuncian las estrategias del grupo. En ocasiones, supuestamente se utilizaba la fundación del conglomerado empresarial para generar deducciones indebidas. De igual modo, se establecía facturación irreal con empresas del grupo para lograr devoluciones de IVA.

En uno de los emails, el letrado traslada al exgerente la posibilidad de constituir una sociedad «o ver si nos sirve la que ya tienes para configurar como sociedad trading o intermediaria en la negociación de compra de naves. Se trata de intentar reducir tu coste fiscal... Evidentemente no te puedo deducir que el escenario esté cien por cien exento de riesgo». La investigación apunta a que existen indicios racionales de criminalidad de que la forma de operar del conglomerado de empresas se establecía en las reuniones en las que participaba el dueño de Avialsa, el abogado y el gerente.

También compareció ayer uno de los empresarios que realizó trabajos para el aeródromo de Viver. El emplazamiento y su construcción se investiga en otra pieza separada de la macrocausa. El interrogado aseguró que las facturas que se hicieron respondían a trabajos reales.

La Audiencia Nacional se ha hecho cargo de la pieza de mayor enjundia de todo este caso: la supuesta trama de amaños de contratos de extinción de incendios en el que está implicado Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat. La red supuestamente amañó contratos públicos en España, Italia y Portugal y por la que se encuentran investigadas más de una treintena de personas.

Además de Castellano, que está siendo investigado por el presunto amaño de estos contratos a cambio de recibir regalos, también figuran en la misma condición, entre otros, el exjefe de contratación del Departamento de Interior en Cataluña Xavier Palmés, el propietario de Avialsa Vicente Huerta o el exalcalde popular del municipio de Quartell, Francisco Huguet.

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